Los últimos datos conocidos sobre la educación en el país (Informe PISA, Anuario) han disparado las alarmas sobre el tema en el gobierno, como si recién se enteraran de lo que viene ocurriendo desde hace años. Porque, seamos sinceros: si los datos son calamitosos, no es porque recién se hayan empezado a hacer mal las cosas, sino porque vienen desde tiempo atrás.
El primer gobierno del FA se limitó a armar debates educativos y a darle más recursos a la enseñanza. Nunca se preocupó en saber y evaluar cómo se administraban esos recursos generosos.
Ahora parece que sí, pero la discusión no se centra en las medidas o planes para revertir ese proceso, sino en quién tiene el poder sobre la educación. Un absurdo: constitucional y legalmente le corresponde a la ANEP no al ministerio de Educación.