Berlusconi pierde inmunidad y se enfrenta a la justicia

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ROMA | AP, AFP Y ANSA

La Corte Constitucional italiana rechazó parte de la ley "del legítimo impedimento", una norma que le permitía al jefe de gobierno Silvio Berlusconi evitar declarar en tres juicios por corrupción. Ahora evaluarán su situación caso por caso.

La ley rechazada por la Corte ponía hasta octubre de 2011 a Berlusconi al reparo de la reanudación de tres procesos, Mills, Mediaset y Mediatrade, y ahora será el juez quien decida caso por caso si en efecto el jefe del gobierno tiene compromisos por los cuales no se puede presentar ante los tribunales.

El fallo, consecuencia de dos días de reuniones entre los 15 expertos de la Corte Constitucional, llega poco después que jefe del gobierno se salvara de una moción de censura en el Parlamento por apenas un voto.

La Justicia consideró que parte de la llamada "ley de impedimento legítimo" entra en contradicción con la Constitución italiana. Esa norma, a la que Berlusconi y sus funcionarios más cercanos apelaron varias veces, permitía al jefe del Ejecutivo y a los ministros no presentarse ante los tribunales por "compromisos oficiales" en su agenda.

A partir de ahora, el magistrado deberá establecer una interpretación caso por caso para respetar "la exigencia de la jurisdicción, el ejercicio del derecho de defensa y la tutela de la función del gobierno, según el principio de leal colaboración entre poderes".

El fallo de la Corte Constitucional, esperado con ansiedad en el ambiente político, se interpretó como una solución de compromiso entre los jueces que querían derogar la ley y los que no deseaban alterarla.

La modificación supone la caída del "escudo" judicial que preservó a Berlusconi de los procesos de los casos Mediaset y Mediatrade, por presunto fraude fiscal en la compra ilegal de derechos televisivos. También lo salvó de declarar en el caso de David Mills, un abogado inglés a quien habría sobornado en 1997 y 1998 con US$ 600.000 para que falsificara su testimonio en dos procesos contra él.

Esta ley ahora revocada había sido aprobada en abril de 2010, con una vigencia de 18 meses. Sus impulsores la concibieron como una salvaguarda temporal para el gobernante hasta que se diera aprobación a la segunda versión del "Laudo Alfano", la ley de inmunidad a los funcionarios más encumbrados que la Corte Constitucional había declarado inválida en 2009.

La ruptura con Gianfranco Fini, viejo socio político de Berlusconi, complica ahora las chances del Pueblo de la Libertad en el Parlamento de promulgar el Laudo Alfano. Pero a pesar de esto, "Il Cavaliere" le resta importancia a la situación y sostiene en público que la decisión de la Corte Constitucional no afectará su gobierno.

"Yo nunca he pedido la ley. Es una iniciativa llevada adelante por los grupos parlamentarios. Me es totalmente indiferente el hecho de que se puedan suspender o no unos procesos que considero absolutamente ridículos", declaró.

Entre los políticos, algunos tomaron la decisión con optimismo y otros la vieron como negativa. El ministro de Cultura Sandro Bondi dijo que el fallo socavaba los principios de la democracia al darle al poder judicial una influencia excesiva sobre el ejecutivo. Y el abogado de Berlusconi, Niccoló Ghedini, se limitó a decir "el jefe de gobierno ya difundió un comunicado al respecto" desde Berlín, donde estuvo anteayer.

El vocero del oficialista Pueblo de la Libertad, Daniel Capezzone, declaró por su parte que la decisión de la Corte no tendrá repercusiones sobre un gobernante que por tres veces en tres años fue elegido por la mayoría de los italianos.

Desde la oposición, la jefa del grupo del partido Democrático, Anna Finocchiaro, declaró que "no era necesario ser ni malos ni comunistas para entender que la ley iba a ser parcialmente rechazada".

"La anulación parcial es una noticia positiva y una victoria para todos. Viva Italia y viva la Corte Constitucional", declaró un vocero del Pueblo Violeta, que no es ni de izquierda ni de derecha, ante la sede de la Alta Corte tras conocer la noticia.

En cuanto a las consecuencias del fallo, los analistas políticos coinciden en que una imagen de Berlusconi declarando ante la Justicia puede deteriorar mucho la gobernabilidad de una administración en crisis de confianza.

Esta es la primera vez que una ley que expone a procesos judiciales a Silvio Berlusconi logra una aprobación, aunque sea parcial, en el tribunal constitucional. En 2004 y 2009, otras normas más amplias habían sufrido rechazos totales de la corte, que en ese momento se basó en el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.