La educación, el gato, y el cascabel

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El encuadre.

Los estudios sobre la educación pública en Uruguay presentan resultados alarmantes; sin embargo un "trancazo" político e ideológico parece impedir cualquier tipo de cambio.

Por Martín Aguirre

En Uruguay, las unanimidades son algo exótico. Sin embargo por estos días parece haber un raro acuerdo generalizado sobre el estado penoso en que se encuentra el sistema de educación pública. "El gobierno tiene que aceptar sin excusas que tenemos problemas en la enseñanza", resumía días atrás el presidente Mujica, ante varios hechos que pusieron de relieve la gravedad del problema. El principal detonante fue el informe PISA, estudio que realiza la OCDE sobre el nivel de la educación en los distintos países, donde se reveló un dato escalofriante: más del 40% de los estudiantes uruguayos están por debajo del nivel de aprendizaje que les permitiría insertarse en el mundo laboral.

Lo que mostró PISA no era noticia para nadie que siga la situación de la educación pública. Las cifras son contundentes: solo 1 de cada 3 estudiantes que entran en el liceo logra terminarlo; en 2008 más del 40% de los alumnos de primero de Secundaria de Montevideo perdió el año; 30% de los jóvenes de 15 a 17 años y 60% de 18 a 24 años no asiste a ningún establecimiento educativo. Otro informe, esta vez de Unicef, resumía el problema con esta conclusión: la educación Secundaria pública uruguaya no asegura que el escolar logre las competencias básicas para la vida en sociedad.

Como contracara de estos resultados hay un dato llamativo; el gasto educativo como porcentaje del PBI aumentó un 40% entre 2004 y 2009. En ese sentido siempre hubo dos posiciones en el país: por un lado la que sostenían los gremios vinculados a la enseñanza y la izquierda, en el sentido de que el problema era la falta de recursos con que contaba la educación pública. Por el otro, quienes afirmaban que la crisis era un tema de gestión y un exceso de corporativismo de los estamentos que, de una u otra forma, controlan el complejo organigrama de la educación.

Como se vio, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, y aprovechando el período de bonanza, creció fuertemente el volumen de recursos volcados al sistema, pero los resultados siguen sin mejorar. Y pese a que algunos jerarcas afirman que 5 años es poco tiempo para evaluar resultados, la paciencia entre la misma dirigencia frentista parece estarse acabando. Esta semana, el senador Astori decía que "los resultados educativos no son buenos", y que el Poder Ejecutivo deberá asumir este año la "conducción" política de la educación. Algo que parece ser más fácil de decir que de hacer.

Sucede que en Uruguay, por raro que parezca, el Ministerio de Educación no tiene casi incidencia en el sistema educativo estatal. El organigrama de ese sistema es el producto de un proceso que comenzó en la década del 30, destinado a impulsar la autonomía de los órganos educativos y a limitar al máximo la injerencia política. Si bien eso tiene como positivo que las políticas permanecen aunque cambien los gobiernos, fomenta un corporativismo cerrado de quienes manejan el sistema, y los hace inmunes a todo intento de cambio que las autoridades electas pretendan hacer en caso de que no esté funcionando como la sociedad requiere.

El otro dato llamativo de las palabras de Astori es que el propio gobierno del cual fue ministro potenció de forma casi irrevocable esa autonomía, al votar la última Ley de Educación. Esa ley eliminó los escasos contrapesos que podía ejercer el poder político, aumentando la autonomía de los Consejos, e integrando a los 5 miembros del Codicen (la verdadera autoridad en el tema en el país) a dos representantes de los docentes. Teniendo en cuenta que en los temas de fondo, la ley prevé que haya mayoría de 4/5, de hecho se le otorgó a los docentes (o sea, a los gremios) la capacidad de veto de cualquier cambio. Como prueba del grado de esa autonomía y de la voluntad de ejercerla que tienen sus jerarcas, está el hecho de que mientras el gobierno de Mujica acordó integrar a la oposición, sin voto, en los consejos (Primaria, Secundaria y UTU), estos se negaron a aceptarlos invocando que el gobierno no tiene derecho a tal decisión.

Esto nos lleva a otra cuestión central, que es la incidencia que tienen los sindicatos en el sistema educativo. Los gremios de la enseñanza han sido históricamente de los más politizados del país. Siempre han sido una fuerza dominante en la educación, pero a partir de la última ley, esa fuerza creció al ser legitimado institucionalmente su poder de incidencia en las decisiones. Curiosamente, estuvieron en contra de esa ley, ya que pretendían aún más poder y autonomía.

Para entender cuál es el punto de vista de estos grupos es útil leer las declaraciones de uno de sus dirigentes, Daniel Guasco, hoy integrante del Consejo de Secundaria en representación de los docentes, quien tuvo cierta relevancia pública al criticar los resultados del informe PISA y proponer que Uruguay participara de otro tipo de evaluación "regional". Ante un estudio crítico anterior del Banco Mundial, Guasco sostenía que "nosotros queremos una educación para la vida, que no está vinculada con el mercado de trabajo, como quiere el Banco Mundial". Algo parecido a lo que sostuvo la ex ministra Simon, cuando dijo que la educación uruguaya buscaba formar gente "capaz de ser feliz y solidaria". O sea una oposición irremediable entre un sistema que prepare a los jóvenes para la vida laboral y otro que los forme de manera más integral.

Esta visión parece ir en contra de los dichos del presidente Mujica de que "necesitamos conocimiento y destrezas que nos permitan ganarnos la vida con dignidad ya". Y también contra una realidad que muestra un mercado laboral urgido de mano de obra calificada, mientras miles de jóvenes quedan marginados de toda chance laboral. ¿Se puede ser feliz y solidario cuando se está condenado a nunca tener un trabajo digno? La pregunta que queda en este caso es si el gobierno realmente tiene voluntad de entrar a fondo en el tema, y si estará en condiciones de hacer pesar su voluntad, o si finalmente volverá a imponerse el poder implacable de las corporaciones.

"El gobierno debe conducir el proceso educativo a través del Ministerio de Educación". (Danilo Astori)

Frase II.

"Uruguay puede tener una educación no impuesta por intereses hegemónicos porque ANEP mantiene autonomía pese al intervencionismo del Ministerio de Educación". (Consejero de Secundaria, Daniel Guasco)

El dato.

En el año 2008, en Secundaria se perdieron 112 mil horas de clase por medidas gremiales.