Maestros protestan por los descuentos por IRPF

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El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) salió ayer a criticar los descuentos que recibieron los docentes a fin de año por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

"A los maestros rurales les descontaron $ 3 mil al igual que a los de sexto grado, a los directores de escuela $ 8 mil y a los inspectores comunes entre $ 9 mil y $ 10 mil. Esta situación es insostenible", dijo a El País la secretaria general del gremio docente, Daisy Iglesias.

La dirigente reclamó que el gobierno "revise el monto no imponible, que ahora está en $ 14.400, y no aplique descuentos acumulados; esta situación se produce porque unieron los dos aguinaldos para su liquidación en enero".

Iglesias lamentó que un inspector de escuelas, que tiene más de 1.000 niños bajo su responsabilidad, gane unos $ 30 mil y que de un golpe se le descuente una tercera parte.

Ayer los docentes dieron a conocer que vienen negociando con el Consejo de Educación Primaria (CEP) por la obligación para los maestros directores que deben conformar una empresa unipersonal para contratar personal de limpieza. "Los directores de escuela y los presidentes de la comisiones de fomento aceptaron constituirse como empresa ante el BPS, DGI, BSE y Ministerio de Trabajo para que 800 auxiliares de servicio puedan trabajar. Estamos pidiendo que esto se regularice", señaló Iglesias.

La semana pasada el sindicato se reunió con el presidente del CEP, Óscar Gómez, para plantearle su preocupación.

El 5 de enero Gómez respondió que Primaria tiene un proyecto junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que implicaría la formación de cooperativas, lo que en principio podría solucionar el problema.

Al sindicato también le preocupa que las escuelas sean responsables del control de los aportes al BPS y DGI, según dijo la dirigente de Ademu. "Pedimos que ese control pase a una oficina central, ya se lo dijimos al presidente de la República. Una buena reforma del Estado supone `zapatero a tus zapatos`, mientras haya gente haciendo más de lo que le corresponde y hasta violentando sus derechos laborales, aquí va a haber cambios. No puede ser que en vez de ocuparse de los aspectos pedagógicos, los directores anden corriendo tras BPS y DGI", dijo.

Ademu rechazó la pretensión del Consejo de Primaria de exigir bachillerato completo a los denominados "profesores especiales" del organismo. Se trata de docentes del área "habilitación ocupacional" que trabajan con alumnos con capacidades diferentes. Los docentes deben ser egresados de UTU. Para Daisy Iglesias la reglamentación, que cambió en 2010, afecta a más de 200 docentes, muchos de ellos con varias décadas al servicio de Primaria.