Gobierno gasta US$ 1: por día en transferencias a "vulnerables"

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D. FRIEDMANN / V. RUGGIERO

El presidente Mujica planteó dar dinero a las mujeres para que tengan hijos. Uruguay destina US$ 1 millón por día en transferencias a población vulnerable. La estrategia benefició a los más pobres pero carece de control y trajo efectos secundarios.

Desde que comenzaron a difundirse resultados parciales del censo, el mandatario manifestó una y otra vez su preocupación por la baja natalidad que registra Uruguay. Y para él una de las soluciones del problema pasa por fomentar económicamente que las mujeres tengan más hijos.

La propuesta del presidente puso sobre la mesa las transferencias directas que ya realiza el Estado, en un momento en que el gobierno prepara modificaciones para 2012 y se discute el posible vínculo de estas trasferencias con el fomento a la informalidad laboral.

En América Latina, Uruguay es el segundo país con más proporción de personas que dicen recibir ayuda mensual en dinero o productos (30,7%), sólo es superado por Bolivia (60,4%), según el Barómetro de las Américas 2010 (ver gráfico).

En los últimos seis años Uruguay tuvo un "avance importante" en términos de protección social, según la investigadora y docente en el Instituto de Economía, Andrea Vigorito.

"Puede que haya que mirar el diseño de las políticas pero no eliminarlas. Si la pobreza se esta reduciendo es porque los subsidios están contribuyendo pero eso no quiere decir que ya haya que retirarlas", indicó.

Antes del año 2004 las transferencias eran dominadas por las jubilaciones y pensiones, el seguro de desempleo y las asignaciones familiares que no corresponden al Plan de Equidad (BPS y funcionarios públicos).

Con la implementación de la pensión y el subsidio a la vejez, las asignaciones familiares del Plan de Equidad y la tarjeta alimentaria las transferencias se focalizan en los cuatro primeros deciles, es decir, la población con más carencias, pero principalmente en los dos primeros: indigentes y más pobres, de acuerdo a un estudio de la especialista (ver gráficas).

Casi el 70% de los hogares indigentes accede a prestaciones sociales. Las asignaciones familiares explican casi la totalidad de la cobertura y, en menor medida, la tarjeta alimentaria. El alcance es aún mayor si se tienen en cuenta solo los hogares en los que viven menores de 18 años.

"El Estado está llegando ahora a los hogares vulnerables. Creo que podría comenzar a implementar políticas complementarias como se hace en otros países vinculadas, por ejemplo, a la educación", consideró Vigorito.

ASISTENCIA. El primer gobierno del Frente Amplio tuvo como pilar el Plan de Emergencia, con el Ingreso Ciudadano como componente central. Benefició a 337.233 personas bajo la línea de pobreza y 76.988 hogares de muy bajos ingresos.

Según el informe final de la evaluación de impacto del Instituto de Economía, el plan tuvo un efecto "positivo" en el cuidado de la salud y condiciones de las viviendas. Además logró potenciar el apoyo al gobierno. Sin embargo, no consiguió mejorar la asistencia al sistema educativo.

El programa fue concebido como una intervención temporal de dos años (2005-2007). La transferencia dejó de otorgarse en diciembre de 2007 y dio inicio al plan de Equidad basado en asignaciones familiares reformuladas para asistir a niños y adolescentes de familias vulnerables, pensiones para adultos mayores y tarjetas con dinero para personas en riesgo.

Actualmente para el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, la "ayuda en el sentido estricto" que se brinda es la tarjeta Uruguay Social. Implica una transferencia monetaria que los 71.000 hogares beneficiarios pueden gastar en alimentos, bebidas sin alcohol y productos de higiene.

El monto que reciben está asociado al tamaño del núcleo familiar, con un piso de $ 525 por mes. Los 15.000 hogares en peores condiciones reciben el doble del monto fijado.

Para acceder a este beneficio se considera el ingreso de las personas -deben ser beneficiarias de las asignaciones del Plan de Equidad- y sus condiciones de vida de acuerdo al índice de carencias críticas. "En esto se destina unos 55 millones de dólares al año. Ese fue el gasto 2010 y en 2011 no ha variado sustancialmente", dijo Olesker a El País.

Otro grupo de transferencias son las asignaciones familiares. Ahora coexisten los dos sistemas: según datos del BPS en agosto se benefició a 142.782 del régimen anterior (con unos $ 400 promedio, dijo Olesker) y a 415.733 con las asignaciones del Plan de Equidad (con un promedio de $ 1.500).

"El total de transferencias por asignaciones familiares de los dos tipos y la tarjeta Uruguay Social ronda los 300 millones de dólares anuales", informó el ministro a El País.

Además, hay otras ayudas como el plan Uruguay Trabaja -que beneficia a 3.000 personas por año que cobran el salario mínimo durante nueve meses- que suman entre US$ 15 millones y US$ 20 millones más por año. También están las becas a adolescentes para que continúen sus estudios -1.600 alumnos que recibieron $ 1.000 mensuales- y las pensiones a la vejez e invalidez -82.890 personas que cobran promedio $ 4.148-.

SIN CONTROL. Si bien desde el gobierno se ha insistido en que las ayudas económicas tienen contrapartidas por parte de los beneficiarios, esto no se ha cumplido aún en los hechos.

Los beneficiarios de las tarjetas Uruguay Social reciben asignaciones familiares del Plan de Equidad. Y, en teoría, para recibir esas asignaciones los niños deben asistir a centros de enseñanza y tener controles periódicos de salud. En ese aspecto, un beneficio está atado al otro, explicó Olesker.

Pero en la práctica el BPS no cuenta con información de Primaria para poder efectuar el control, por lo que no se producen bajas porque niños dejen de asistir a la escuela, informaron fuentes del organismo.

El gobierno espera concretar antes de fin de año un acuerdo entre diversas reparticiones para crear un sistema que centralice la información del área social, que incluya a Primaria y ASSE y así poder controlar a partir de 2012.

La ANEP, en tanto, prevé que finalmente el programa de Gestión Unificada de Registros e Información (Guri), con el mismo objetivo, pueda operar en el segundo semestre de 2012, tras un nuevo retraso.

Más allá de la falta de control, las trasferencias tienen otros efectos no buscados. Si bien las evaluaciones de impacto de las prestaciones sociales no demuestran que sea un desestímulo para ingresar al mercado laboral, pueden generar una tendencia a la informalidad, advirtió Vigorito.

Eso es también lo que muestran los datos del Observatorio de Trabajo del Ministerio de Trabajo: la informalidad es la principal causa de rechazo de propuestas concretas para ingresar al mercado formal (ver nota página 8).

El mercado informal abarca desde gente que hace una "changa" hasta personas que trabaja similar a una jornada laboral formal pero en de la informalidad, dijo la directora del Observatorio de Trabajo del Ministerio de Trabajo, María José González. "Buscamos el ingreso al mercado formal porque es de mejor calidad y ofrece cobertura de seguridad social ", afirmó.

Olesker, en tanto, opinó que las ayudas "no son una restricción para el trabajo formal. Y si lo es, puede serlo porque el empresario paga un salario muy bajo, cercano a lo que es la suma de la transferencia y un eventual ingreso informal", dijo. Agregó que 90% de los beneficiarios del Mides acepta integrar un emprendimiento propio cuando se lo plantean.

La informalidad, los subsidios y el tener menores a cargo son los principales factores que influyen para que el 80% de los inscriptos de Montevideo al Programa Objetivo Empleo (POE) del Plan de Equidad rechace una oferta laboral.

Dentro del Plan de Equidad, creado en el año 2008, se diseñaron dos proyectos vinculados al empleo: Uruguay Trabaja, un programa transitorio que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social y el Programa Objetivo Empleo, que es ejecutado por el Ministerio de Trabajo.

Para este último están inscriptas unas 10.000 personas. La cartera efectúa la intermediación entre la empresa y los interesados, preselecciona y coordina las entrevistas.

Una dificultad que enfrentan y ven con preocupación los técnicos del Ministerio de Trabajo es que el 80% de las personas de Montevideo que llaman para ofrecerle un puesto en el mercado formal rechazan la oferta, según publicó el diario El Observador.

La directora del Observatorio de Trabajo de la cartera, María José González, aseguró a El País que en el interior del país el porcentaje es menor.

Ante la negativa la persona no pierde ningún beneficio social y tampoco es retirado del Programa. "En definitiva es un rechazo a esa propuesta concreta. Lo que sí se hace es marcar a las personas que frecuentemente rechazan una opción de ingresar al mercado laboral formal", explicó.

El principal motivo por el cual descartan la propuesta es que están ocupados en el mercado informal.

La informalidad, según dijo González, se puede considerar "uno de los factores de causa de pobreza porque la cobertura de seguridad social es sustancial para acceder a prestaciones de diversa índole".

De un estudio del perfil de las personas inscriptas al Programa Objetivo Empleo, realizado por el Observatorio en base a las entrevistas de inscripción a la iniciativa, se desprende que la mayoría (47%) llevan un año sin trabajar y el 27% más de un año. Las personas que se encuentran ocupadas representan el 20%.

Según González, este dato es "mentiroso" y varía en los procesos de mediación. "Cuando vos llamás con una oferta concreta son muchos más los que te dicen que no les interesa porque están ocupados en el mercado informal", indicó.

Las prestaciones también suelen ser mencionadas por quienes integran el programa. "Hay personas que rechazan la oferta porque temen pasar el umbral de ingreso del hogar y dejar de recibir la prestación", comentó González y advirtió que es importante monitorear las prestaciones para que "no terminen siendo un desincentivo sustancial de la población vulnerable para incorporarse al mercado formal".

PERFIL. Casi las tres cuartas partes de los 10.000 inscriptos al Programa Objetivo Empleo son mujeres. El 79% del total dicen tener un núcleo familiar constituido y las tres cuartas partes tienen menores a cargo.

Según González, cuando se hace la distinción por sexo casi todas las mujeres inscriptas tienen menores a cargo.

Este es otro factor que pesa "y mucho" a la hora de rechazar una oferta de trabajo.

El 47% de los postulantes, además, tiene únicamente Primaria completa y son personas relativamente jóvenes: el 29% tienen entre 25 y 34 años y el 26% entre 35 y 44.

Sin embargo, hay un tercio (30%) que tiene más de 45 años. "Estas personas son muy difíciles de insertar en el mercado formal si tenemos en cuenta que, además de la edad, son desocupados de larga duración y con bajo nivel educativo", comentó la directora.

En lo que respecta a antecedentes laborales, el 44% los tiene en trabajos no calificados. En la mujeres sube el porcentaje a 51% y en general el trabajo no calificado hace referencia a servicios domésticos, mientras que en los hombres el más frecuente es peón de la construcción. Le siguen con el 23% aquellos que trabajaron como operarios y artesanos.

El motivo de cese de trabajos anteriores es en el 33% de los casos por renuncia, en el 26% por fin de contrato, en el 13% por fin de zafra y en el 10% por cierre de la empresa.

Por otra parte, las firmas que están anotadas al programa son unas 520. Se concentran en Montevideo, seguido por San José, Canelones, Rivera, Colonia y Río Negro.

Durante el año 2010 las solicitudes de personal al programa crecieron un 44% con respecto a años anteriores. Fueron 350. "Si bien no son muchas y estaría bueno que se sumen más, hay ocasiones en las que no se logra completar todas las solicitudes", reconoció la directora del Observatorio.

Además del problema del rechazo de ofertas, el Programa Objetivo Empleo enfrenta otro inconveniente: las personas que participan no logran permanecer mucho tiempo en su puesto de trabajo. De hecho, el 25% no pasa los tres meses.

Por eso una vez que ingresan comienza una etapa de seguimiento. Según explicó González, se intenta de esta manera "aguantarlos" en su puesto y "contenerlos" para que logren permanecer.

Los rubros de las firmas que participan del programa son variados. El 33% son establecimientos financieros y de servicios, el 27% son comercios, restaurantes y hoteles, y el 23% pertenecen a la industria manufacturera.

Lo que sí está concentrado, en cambio, son los puestos que ofrecen al programa las empresas. En el año 2010, el 39% solicitó personal para trabajo no calificado, el 20% para trabajos de servicios y vendedores, el 15% empleados de oficina y el 12% operarios y artesanos.

Para el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, los 30.000 hogares en situación crítica no deberían tener contrapartidas por las transferencias que reciben.

"Estamos tratando de incluirlo después de décadas de exclusión social. Creo que en las tarjetas duplicadas hay que ir a arriesgarse a que por un tiempo lo que logremos es que recupere dignidad social, coma, y luego quizás sí se le vaya incluyendo obligatoriedades gradualmente", sostuvo.

Actualmente, el Mides lleva adelante un relevamiento de estos hogares con carencias más críticas, para, por un lado conocer a fondo su situación y también poder hallar a estos 15.000 que calculan necesitan ser beneficiados con más ayuda.