1/1:  20110817 800x537 ()

PILAR BESADA

La Universidad de la República insiste en participar en el control de las universidades privadas y discrepa con el Ministerio de Educación y Cultura en modificar la ley sobre las acreditaciones universitarias.

En la sesión del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República de este martes, los 20 miembros del órgano ejecutivo de la institución postergaron una vez más la discusión sobre la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad Terciaria (Apacet).

Según el proyecto de ley original, esta agencia tendría dos cometidos: regular el funcionamiento del sector privado de la educación terciaria, y llevar adelante los procesos de acreditación (un `sello de calidad` con estándares internacionales) en universidades públicas y privadas.

Recientemente, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) definió que en lugar de un proyecto de ley único se presentarían dos, uno para la regulación de las universidades privadas y otro para las acreditaciones.

Esta resolución se tomó ante las resistencias que despertó en las universidades privadas y a nivel parlamentario el hecho de que según el proyecto de ley original la Universidad de la República debería ser consultada por la Apacet para autorizar a que los centros privados a comenzar a funcionar y también debía opinar sobre la habilitación de nuevas carreras en estas instituciones.

Como Uruguay es el único país de la región que no tiene una agencia nacional de acreditación universitaria, y la ley está trancada en el Parlamento hace más de un año por estas discrepancias, desde el MEC decidieron dejar de lado el aspecto más polémico de la ley -el de regulación de las universidades privadas-, para apurar la creación de la agencia de acreditación.

Pero los consejeros universitarios no compartieron esta opción. "Si nosotros decimos que estamos de acuerdo en que sean dos (leyes), puede ser que a nivel parlamentario se vote primero la de acreditación, cosa que sería poner la carreta delante de los bueyes", comentó en el CDC el consejero representante de los egresados, Javier Royer. "Pero eso iría en favor de algunas instituciones de enseñanza privadas, y no a favor de lo que la universidad quiere", agregó.

El rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, apuntó que estaba "sustancialmente de acuerdo" con los comentarios de Royer, y que "lo más probable es que el orden en que esto sea encarado (en el Parlamento) sea precisamente el contrario del que yo creo le sirve mejor al país".

Arocena enfatizó que "de las dos actividades" que plantea la ley, "la que más urgencia tiene es regular el funcionamiento del sector privado de la educación terciaria, que no tiene regulación legal". Actualmente, el sector privado terciario "tiene como marco normativo unos decretos y ciertas correcciones de esos decretos", afirmó Arocena.

El delegado del orden docente, Alejandro Bielli, afirmó durante la sesión que "no es nada bueno" separar las dos funciones. "Si fueran dos organismos distintos podría haber criterios distintos entre ambos", indicó.

Por otro lado, el representante del orden estudiantil e integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Fabricio Méndez, afirmó por qué la postura de la FEUU es contraria a todo el proyecto de la Apacet.

"Una agencia de estas características debe existir en la órbita de la Universidad de la República. Es la Universidad de la República la que debería regular los aspectos relativos al otorgamiento de la calidad de la enseñanza terciaria y de la acreditación, y por tanto por ese motivo no estamos en condiciones de apoyar una propuesta en este sentido", indicó. En el proyecto de ley se plantea que la Apacet sea una persona jurídica de derecho público no estatal.

Lo que este martes discutió el CDC fue una resolución sobre el proyecto de ley de la Apacet que emitió la Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad (el `órgano legislativo` de la institución). La resolución fue emitida el 20 de julio, y contiene algunos comentarios generales y bastante vagos sobre el proyecto. Esa resolución estuvo en el orden del día del CDC el 2 de agosto, pero también fue postergada.

A pesar de que la resolución de la AGC tiene solo dos páginas, el tema se postergó nuevamente para la sesión del 30 de agosto, porque algunas facultades no habían discutido el tema en sus correspondientes consejos y debían consultarlos antes de tomar posición. De todos modos, la Universidad estará deliberando sobre un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ya anunció que no tiene futuro.