Colegios piden fiscalización sin violentar principios

Los colegios privados consideran "imprescindible" que se evalúe en "el tiempo necesario" la pertinencia de la solicitud de información que les realizó el fisco. Este jueves se reunirán con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales para asesorarse sobre si deben entregar datos sobre los padres de sus alumnos.

La semana pasada, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, se mostró confiado en que habrá un pronunciamiento favorable que le permita seguir con esa práctica de fiscalización. Además, la DGI tiene "especial interés" en que la resolución salga "cuanto antes", publicó El País la semana pasada.

Pero en los colegios hay menos urgencia y desean que el tema sea tratado en profundidad. "Es imprescindible que los responsables se tomen el tiempo necesario para escuchar todas las voces y recibir todos los dictámenes porque el tema no es jurídicamente claro", dijo a El País el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Eduardo Tornaría.

Agregó que los colegios valoran "en su justa medida" la actitud de la DGI de otorgarles una prórroga al plazo para entregar los datos requeridos, "pues ello permite que entre todos se busquen los caminos que posibiliten la fiscalización que la DGI necesita sin violentar los otros principios que en Uruguay son muy valorados".

A los colegios les preocupa vulnerar el derecho a la intimidad de las personas o el derecho a la protección de sus datos de cumplir con el pedido de DGI, explicó Tornaría.

El titular de Aidep considera que "ésta es una oportunidad para que los colegios obtengan el respaldo legal, necesario para justificar las acciones que deban emprender y es una oportunidad para todos para avanzar en el desarrollo de la cultura vinculada a este tema".

Añadió que la entrevista mantenida con Ferreri y su equipo fue "muy alentadora, pues se logró crear un clima de cordialidad en el que ellos pudieron comprender las inquietudes" planteadas.

La DGI ha pedido información a 10 colegios privados que consideró con "alto nivel de cuota". Se enviaron formularios donde se pide nombre y cédula de identidad de los padres, así como cuánto pagan de cuota mensual, entre otros. Esta información fue considerada un indicio de la capacidad contributiva de esas personas.

El organismo fiscalizador pretendía contrastar estos insumos con las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el fin de verificar o descartar inconsistencias. Este recurso fue utilizado el año pasado cuando se solicitaron datos de ventas de vehículos e inmuebles costosos. Este año se repitió y se agregó la compra de yates publicó el diario El Observador.