La oposición acusó al gobierno de ser "mal perdedor" con el pasado

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DANIEL ISGLEAS

Con una lluvia de críticas, en la sesión de Diputados la oposición le marcó al gobierno lo que considera una actitud de poco apego a la democracia, al no respetar los pronunciamientos ciudadano sobre la ley de Caducidad.

"Esto es de mal perdedor", planteó el diputado Pablo Iturralde (Alianza Nacional) al fundamentar la posición contraria a la anulación de la ley 15.848. Iturralde apeló a un término futbolero al sostener que el Frente Amplio "quiere ganar en la liga lo que perdió en la cancha".

La intervención del diputado aliancista fue una de las decenas de alocuciones escuchadas a lo largo de la maratónica sesión de la Cámara cuestionando a la izquierda, donde hubo alguna diferencia clara en los planteamientos.

Desde el Partido Nacional se fustigó, además, el hecho de que el Frente haya tomado parte en el pacto del Club Naval, argumento no utilizado por el Partido Colorado que, como participó de esas conversaciones con los militares que desembocaron en la salida a la interrupción institucional, buscó el camino de apurar al oficialismo haciéndole ver el "error político" que significa desconocer la decisión de la ciudadanía.

Así, el diputado Gustavo Espinosa, de Propuesta Batllista, afirmó a voz en cuello que "esta bancada está acá para defender la democracia" y que, al contrario de lo que sostuvo días atrás el ex presidente Tabaré Vázquez, "la mayoría siempre tiene la razón".

Espinosa apeló a manifestaciones del presidente José Mujica en el sentido de que la izquierda tiene una "ínfima mayoría" en el Parlamento, diciendo que "la máxima mayoría es el pueblo" y que en caso de aprobarse la anulación estaríamos ante "el inicio de un camino oscurantista".

"YA SE USÓ". Luego, el nacionalista José Carlos Cardoso recordó que la ley de Caducidad "ya fue utilizada" por el gobierno de Tabaré Vázquez, ya que el ex presidente "fue consultado por la Justicia sobre la muerte de Nibia Sabalsagaray y dijo que ese caso estaba comprendido por la ley, lo cual derivó en la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia".

Alrededor de la hora 19.30 se produjo la primera intervención del diputado oficialista Víctor Semproni provocándose un entredicho con el diputado Jaime Trobo (Unidad Nacional). El nacionalista había dicho que el MLN-T cometió "acciones de terrorismo" durante sus incursiones en los años sesenta.

Semproni lo interrumpió para aclarar que lo que hubo no fue "terrorismo" sino "acciones insurgentes" contra el Estado. Trobo recalcó que efectivamente la colocación de bombas y la muerte de personas que no tenían nada que ver con las movilizaciones fueron "actos de terrorismo", y añadió que "esa es la verdad edulcorada que se le inculca a los niños en los textos de estudio".

Los diputados Jorge Gandini (Alianza Nacional) y José Amy (Vamos Uruguay) dijeron que la izquierda no dice toda la verdad y que "cuenta una historia patizamba, renga y unidireccional".

Más tarde, cuando le tocó el turno, Amy dijo que todo el tema se ha basado en "un guión cantinflesco" elaborado por el gobierno. "Aunque los resultados no nos favorezcan, los colorados respetamos lo que la gente decide", insistió.

También el diputado Aníbal Gloodtfotszky (Vamos Uruguay) planteó como argumento crítico que "hoy los muertos, los bebés robados y las mujeres embarazadas asesinadas son meros instrumentos de una estrategia electoral" del gobierno del Frente Amplio, recordando que el presidente Mujica le dijo a sus legisladores que no debían votar la anulación de la Caducidad para evitar comprometer el resultado de la próxima elección. "Se desconocen los plebiscitos como no lo hicieron los militares en 1980, y se convoca a los militantes de la izquierda a rodear el Palacio Legislativo para presionar al Parlamento. Todo es una infamia", destacó Gloodtfotszky.

El representante colorado afirmó que la ley de Caducidad aprobada en 1986 "pretendió un cambio en paz pensando en el futuro del país".

"La gente se hartó de que este tema domine la atención política del país", sostuvo el diputado Jaime Trobo en un encendido discurso crítico hacia el gobierno. El legislador de Unidad Nacional (UNA) manifestó que esta situación que se ha dado en el Parlamento con la ley 15.848 "responde a un problema interno en el Frente Amplio" que "mezcla la situación política personal con una decisión de Estado". Además dijo que se haría "un gran daño al país" si, por ejemplo, la oposición resolviera cuestionar la ley de amnistía para los integrantes de los movimientos guerrilleros que operaron años atrás.

La bancada de diputados del Partido Nacional emitió una declaración "ante las circunstancias impulsadas por el gobierno y el Frente Amplio en desconocimiento de la voluntad del pueblo". Los representantes blancos afirmaron que ratifican su "posición histórica en defensa de la soberanía popular y de respeto a la libertad del sufragio y el acatamiento de la voluntad que expresa el pueblo". Además expresaron que rechazan "firmemente" la pretensión del FA de someter al país a una discusión interna sobre un tema "del que la ciudadanía se expresó en dos ocasiones". Esto configura "un duro golpe a la soberanía popular expresada libremente". Además aseguraron que "no puede haber trampa jurídica ni legal que saltee esos pronunciamientos, sin que configure una estafa al sistema y a la Constitución". Agrega que "pese a ello, la dirigencia del Frente Amplio insiste en dividir a los orientales por cuestiones del pasado y relega el tratamiento responsable de temas sobre los que es necesario lograr consensos nacionales, como la situación de la educación". Finalmente, la declaración blanca afirma que los diputados nacionalistas rechazan "la convocatoria realizada por el Frente Amplio a la manifestación instrumentada por la dirigencia sindical que pretende erosionar la independencia de los Poderes del Estado".