A partir de febrero, decenas de militares comparecerán ante la Justicia por varios hechos de la dictadura, entre ellos, acusaciones por tortura, casos que hasta ahora no se han indagado. Ante eso, algunos oficiales retirados insisten en que resistirán.
"Yo me resistiría, no tengo ninguna esperanza de que una vez detenido la Justicia haga Justicia. No han dejado alternativas; perdido por perdido vamos a jugar a muerte", afirmó a El País el coronel retirado Gonzalo Pérez, miembro de la Comisión Directiva del Círculo Militar.
Desde el martes 1° de febrero, cuando se reinicie la actividad en los juzgados tras la Feria Judicial Mayor, se reactivarán varios expedientes que motivarán que en los próximos meses decenas de militares deban comparecer como indagados en causas que investigan violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.
En ese marco, por primera vez, la Justicia procederá a iniciar una indagatoria por las torturas de las que fueron víctima los ex presos políticos. Eso, en función de una denuncia que a fines de 2010 presentó un grupo de 12 ex detenidos de la base aérea de Boiso Lanza, donde actualmente funciona la sede de la Fuerza Aérea.
El miércoles se conoció una carta firmada por el Foro Libertad y Concordia, una agrupación de militares de distintas promociones, en la que reclaman a los comandantes de las tres fuerzas que apoyen a los militares procesados. Jerarcas castrenses en actividad dijeron que esperan una "embestida judicial" a partir de febrero.
"Soy partidario de endurecer nuestra posición, no podemos relegar más espacios. Sé que muchos camaradas dicen que se van a resistir, obviamente no puedo saber si lo concretarán", subrayó Pérez, quien aclaró que habló a título personal.
Waldemar Tarocco, presidente de Crysol, una institución que reúne a ex presos políticos, dijo a El País que el mes próximo la denuncia presentada en diciembre ante la jueza Mariana Mota sumará "unos cuantos" denunciantes más.
Además, Tarocco informó que hay otros grupos de ex presos que estuvieron detenidos en otras unidades militares que "están pensando" en denunciar las situaciones de tortura de las que fueron víctima.
Tarocco dijo que según la jurisprudencia uruguaya es difícil que los casos de tortura tengan andamiento, pero resaltó que esas causas podrían tramitarse de acuerdo con lo que prevé la legislación internacional.
MÁS CASOS. A su vez, en los próximos meses, la jueza Mota citará a una importante cantidad de militares que serán indagados por su responsabilidad en otros 19 casos de homicidios y desapariciones que se investigan en forma conexa a la causa que se sigue contra el ex dictador Juan María Bordaberry.
Mota iniciará esa indagatoria luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró que la ley de Caducidad es inconstitucional para esos casos.
Por otro lado, se espera que en breve el juez Sergio Torres se pronuncie sobre el pedido de procesamiento que pesa sobre el coronel retirado Tranquilino Machado, acusado por el fiscal Juan Gómez por el homicidio de Ramón Peré, en 1973.
Según los plazos legales, el próximo 1° de noviembre prescribirán todos los delitos ocurridos durante la dictadura. "En esa fecha se baja la cortina", explicó a El País el abogado Juan Errandonea, denunciante del caso de Nibia Sabalsagaray, por el cual fue a prisión el general en actividad Miguel Dalmao.
Críticas de blancos y colorados
Gustavo Penadés
SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL
"Todos condenamos la violación de los derechos humanos durante la dictadura. El FA realiza un acto de revancha tardío. Este es producto de que cuando los militares ostentaban el poder, el Frente encontró caminos distintos -Pacto de Club Naval- al que hoy tratan de seguir algunos grupos. Entiendo la difícil situación en que se encuentran hoy los mandos militares".
Tabaré Viera
Senador del Partido Colorado
"Lo que se ha generado con las Fuerzas Armadas no es nuevo. Comienza con un discurso de Mujica sobre que tenderá puentes con el pasado y con los `soldados de mi Patria`. Sin embargo, hoy las Fuerzas Armadas tienen escasísimos recursos y los salarios más bajos del país. Si se analiza el presupuesto aprobado el año pasado, este desmiente a Mujica"-.