El fiscal civil Enrique Viana pidió a la jueza Marta Gómez Haedo que intime a la Intendencia de Montevideo (IM) a cumplir una resolución judicial de 2008 que obliga a las autoridades a controlar y adoptar medidas por los ruidos molestos provenientes del Bar Rodó, ubicado en Juan Paullier y Gonzalo Ramírez.
El proceso judicial se inició en 2008, cuando Viana, a instancias de un grupo de vecinos de la zona, presentó una acción de amparo en reclamo por la contaminación sonora que existe en las noches de los jueves, viernes y sábados hasta altas horas de la madrugada.
El fiscal señala que en el caso del Bar Rodó, la IM "se resiste a aplicar los rigores debidos". Agrega que la comuna "tiene un doble estándar cuando de aplicar correctivos de rigor por polución sonora se trata, y que llamativamente vuelve a favorecer la operativa irregular del Bar Rodó".
Así, Viana señala que el pasado 11 de diciembre la IM clausuró el Bar 21, en Pocitos, por superar los niveles máximos de decibeles permitidos. También recuerda que en 2008, en un conflicto con Adeom, la comuna inició una acción de amparo contra el gremio por instalar parlantes callejeros.
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