Aplausos y silencio

Hasta dónde se justifican los elogios al gobierno, por "haberse puesto los pantalones", o por el éxito obtenido en los enfrentamientos con los sindicatos, a estar a los comentarios de estos últimos días? La autoridad se tiene para ejercerla, para evitar los conflictos que la cuestionan antes que se desencadenen, o cortarlos de raíz, y la reacción del gobierno ante la agresión sufrida por paros y huelgas, fue tardía e incompleta.

Montevideo estuvo varios días navegando en un mar de inmundicias desparramadas por toda la ciudad, porque Adeom llevó al límite de lo tolerable su intransigencia. Mujica dijo "basta" cuando estaba comprometida la salud de la población, y recién entonces el servicio fue declarado esencial. Esto pudo y debió hacerse mucho antes. El problema que afectó al clearing se prolongó también demasiado, perjudicó gente y el Banco República perdió depósitos. En el seno de COFE, el sindicato también llevó el enfrentamiento demasiado lejos, y la paralización de los servicios del Poder Judicial, por ejemplo, causó en algunos casos daños importantes.

Entonces lo que indica la realidad es que lejos de proceder con la diligencia debida, el gobierno actuó, en el mejor de los casos, cuando no tuvo más remedio. De ahí a decir que lo hizo tarde hay un paso. Tampoco inventó la pólvora: el recurso fue acudir a los militares, con respaldo de la policía, para cumplir con el deber de sustituir a los funcionarios omisos.

Volvemos a incursionar por el mismo camino que se ha denunciado infinidad de veces y se refiere a uno de los tantos aspectos que generaron debates y extensas explicaciones en estos tristes días precedentes del acontecer nacional. Es el que se refiere a la ocupación de los lugares de trabajo.

La línea de este gobierno es, desde ya sin ninguna duda, la de desalojar con la fuerza pública los inmuebles de propiedad estatal que sean ocupados por sus funcionarios, pero no -o al menos no en todos los casos- si lo solicitara un empresario privado. Cuando el 15 de diciembre el Vicepresidente de la República dijo compartir la idea del Presidente de la Cámara de Industrias esperanzado en que el decreto que posibilita el desalojo policial de edificios donde se cumplen servicios públicos se extendiera a los privados hubo aplausos, pero enseguida se hizo el silencio. Fue cuando Astori puntualizó que en algunos casos, si estuviera en juego el vaciamiento de una empresa, la ocupación por los trabajadores se justificaba.

Comparando las explicaciones que dieran para legitimar esa diferencia Mujica primero y Astori después, lo que queda claro es que el gobierno no sabe en dónde está parado.

El Presidente salió con una vaga referencia filomarxista de la plusvalía y dijo que la ocupación de las empresas privadas se justificaba porque allí se trabajaba para "la apropiación de los excedentes". Pero el Vicepresidente opina otra cosa. Algunas veces -dijo- la ocupación de la empresa privada se justifica si hay peligro de vaciamiento de la misma. Cuál es el índice objetivo a atender para saber cuándo se está en ese caso, es un misterio. Como también es un misterio quién lo determina.

Con toda razón el senador Lacalle le salió al cruce a este divague, diciendo en pocas palabras, que esto equivale a justificar la justicia por mano propia, porque bastará que los dependientes, con razón o sin ella, invoquen ese riesgo, para darle andamiento a la ocupación.

Si la explicación del presidente Mujica fue un intento de resucitar a Marx, la de Astori huele a estrategia para posicionarse simpáticamente ante la izquierda ultrarradical del Frente Amplio.

La OIT, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y la doctrina laboral más recibida, sostienen que la ocupación de cualquier empresa no es una extensión del derecho de huelga.

En el acierto o en el error, es hora de reclamar por lo menos coherencia en lo que se dice, por respeto a la gente.