Menores: acuerdan nuevo instituto pero no mantener los antecedentes

DANIEL ISGLEAS

Un mes después de iniciar su trabajo sobre iniciativas para los menores infractores, una comisión del Parlamento acordó algunas, pero no llegó consenso para agravar las penas o mantener los antecedentes delictivos al pasar a ser mayores.

La opinión de los especialistas en el manejo de esos menores tanto como la de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que es contraria a ambas soluciones, pesó en la forma de pensar de los legisladores del gobierno y los encaminó hacia otras salidas, como la creación de un instituto de rehabilitación juvenil y el establecimiento de modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia fijando penas alternativas a la prisión para algunos delitos.

Tampoco prosperó una idea para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y otro planteo para agravar las penas de privación de libertad de cinco a diez años en caso de participación en delitos gravísimos.

La creación del instituto de rehabilitación es una idea que presentara en 2006 el Partido Nacional y que ahora se reflotó por el apoyo que le dará la bancada del Frente Amplio.

En la reunión celebrada ayer por la comisión bicameral encargada de proponer soluciones para la minoridad infractora, el Frente Amplio sugirió en un documento que se discuta una ley de responsabilidad penal adolescente que incluya la creación del Instituto de Responsabilización Penal Adolescente (IRPA) y plantee las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a incluir como penalización la tentativa de rapiña por menores y la fijación de penas de medidas alternativas a la privación de libertad para este delito específico.

NEGOCIACIÓN. En el aspecto político, tras la reunión el Partido Nacional consideró que el oficialismo está "muy cerrado" en la iniciativa para mantener los antecedentes de los menores que delinquen al pasar a la mayoría de edad, reconoció el diputado Luis Lacalle Pou.

"Hay pocos elementos de acuerdo" con el oficialismo. "La gente quiere más acuerdo y que dejemos de discutir", subrayó Lacalle Pou.

Otros integrantes de la bancada como los senadores Gustavo Penadés y Carlos Moreira estiman que hay elementos para negociar y guardar cierto optimismo, dijeron a El País.

Para el Frente Amplio, más que hablar de desacuerdo en algunos temas hay que valorar los entendimientos logrados en otros, advirtió a El País el diputado Julio Bango (PS).

Se manifestó partidario de destacar los acuerdos para la ley de responsabilidad penal juvenil que incluirá la creación del instituto de rehabilitación adolescente.

Con respecto a la preservación de los antecedentes, Bango dijo que "no es una prioridad" y que, en todo caso, debiera ser discutido en el marco de la propuesta para la liberación de presos primarios que el gobierno quiere impulsar.

MOLOTOV. El oficialismo se opone también a apoyar el agravamiento de las penas porque se estima que llevar el plazo máximo de reclusión de cinco a diez años implicaría para un adolescente con 15 años de edad pasar más de la mitad de su vida en prisión. "Si el objetivo es la rehabilitación, estaríamos generando un cóctel Molotov (una situación explosiva) al devolverlo a la sociedad", precisó Bango.

El Partido Colorado no se pronunció sobre las propuestas, aunque el senador Tabaré Viera (Proba) adelantó que apoyarán la creación del instituto para menores infractores.

El Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) gastó en 2009 un total de US$ 2.300 por mes para la atención de cada menor privado de libertad, según manifestó en el Parlamento el secretario ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera.

El experto, que es partidario de la rehabilitación de los menores con mecanismos que no incluyan la privación de libertad, dijo, ante la comisión legislativa, que en el INAU no existen planes socioeducativos para los menores que están internados allí, y que hay hogares donde los adolescentes llegan a pasar las 24 horas del día "encerrados". Afirmó que tampoco hay "reuniones de técnicos", ni "coordinación".

"Así no se puede funcionar; el cotidiano tiene que estar mínimamente planificado", advirtió ante la comisión, según consta en la versión taquigráfica de la reunión de la comisión bicameral del martes 21.