La misma piedra

Termina el año, y a la hora del repaso demos las gracias a los compradores de nuestros productos de exportación porque solo por ellos la economía crece. Es lo único positivo a destacar. En lo demás el año es para el olvido y las perspectivas no alientan al optimismo de expectativas de superación en ningún aspecto.

Gobiernan los sindicatos. La educación, que con la seguridad pública -que sigue mal- es uno de las grandes temas, obtiene beneficios presupuestales sin que se advierta el menor índice de mejora en la calidad de la enseñanza que se imparte, sobre todo en el sector público. Es lamentable comprobar el desinterés de la juventud -lógicamente estamos generalizando, habrá excepciones pero son de las que confirman la regla- en prepararse para afrontar los desafíos de un mundo que evoluciona a ritmo de vértigo. De "el país de primera" prometido, a la realidad, hay una diferencia abismal. Hay que ver cómo se expresan los muchachos, los adolescentes y aun los que son mayores de edad, para comprobar que ni siquiera manejan su propio idioma con corrección. Esto vale también para la educación privada. Si la juventud habla mal, escribe mucho peor. Ya no se trata de meras versiones que circulan sino la comprobación de las redacciones y de las faltas de ortografía en los niveles universitarios, que avergüenzan.

En materia de salud pública, el engendro del Fonasa es consecuencia de una ley que tiene tiempo ya de vigencia y cuyo proceso pasó desapercibido. El gobierno, a cargo de una izquierda que estimula la mediocridad en todos los órdenes del quehacer nacional porque -entre otras cosas- confunde la justicia con la igualación social pero hacia abajo, está en ese aspecto de parabienes. Es la consecuencia de una pasividad suicida de toda nuestra sociedad.

Estos temas han sido la comidilla diaria de los últimos días, pero a la hora de asignar responsabilidades, hay que ser justos. La culpa es de todos nosotros.

No lo es en cambio el deplorable ejemplo que ha dado el Poder Ejecutivo la semana pasada, al decidir por decreto que la policía debe acudir al desalojo de las instituciones públicas ocupadas por sus funcionarios, al solo requerimiento de las autoridades. Para decirlo por enésima vez: Uruguay para algo integra la OIT, un Tratado Internacional que debe respetar como a la ley misma, porque por ley fue aprobado. La OIT considera que la ocupación de empresas no es una extensión del derecho de huelga. Pero -agregamos nosotros- aunque pudiera entenderse que lo fuera, no existe ninguna disposición que diga que la huelga es un derecho supremo y que en caso de colisión con el derecho de propiedad de los empresarios, o el derecho al trabajo de estos y los otros dependientes no huelguistas, la ocupación es legítima. Este absurdo es sin embargo, moneda corriente en los argumentos de los sindicatos para imponer su voluntad.

El Poder Ejecutivo, al decretar la posibilidad de desocupación por la fuerza pública de instituciones estatales, está, por consiguiente, avalando la ocupación de empresas privadas, regulada por decreto, además y sin perjuicio.

El agudo clima de conflictividad social que hemos vivido en el país en seguidilla interminable se ve con preocupación en el exterior, al punto de que a posibles inversores interesados en radicarse en el país para aportar capital y trabajo, tuvieron que salir a buscarlos en un extrañó "viaje privado" el Presidente con Ministros y jerarcas, en lugar de limitarse a recibirlos aquí, como hubiera correspondido.

Crucemos los dedos para que no ocurra nada que provoque retracción en el mercado y se corte la bonanza circunstancial que estamos viviendo, porque entonces todo este desastre que hoy se disimula con buena voluntad por algunos, va a mostrarnos su cara más desagradable.

Ya nos pasó más de una vez, pero que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, es para los uruguayos una verdad absoluta.