La comisión bicameral que estudia un proyecto de ley sobre la delincuencia juvenil no logra acordar soluciones. Hay urgencia. El plazo corre, y el tema no da para más. Es relativamente sencillo coincidir en la creación de un centro especializado de rehabilitación, o penar la tentativa de delitos. No lo es tanto -la izquierda se opone- que se aumente la pena máxima de los delitos de adolescentes, lo cual es de eficacia discutible.
Pero lo que sorprende es que en el Frente Amplio hay quienes se niegan a mantener en vigencia los antecedentes del menor delincuente cuando cumple dieciocho años, salvo los casos de delitos graves, como el homicidio, la rapiña, el secuestro, y la violación. No se exceptúan el ultraje público al pudor, las lesiones graves ni la tentativa delictual.
De manera que quien incurra en estas conductas, al cumplir los dieciocho años, quedaría como primario. Que comunistas y socialistas estén en esa línea es lógico porque siempre priorizaron una supuesta rehabilitación del delincuente a la protección de la víctima, en este caso, la sociedad, todos nosotros. Pero que lo estén grupos como Asamblea Uruguay es asombroso.
Esta es la primera de las medidas a tomar por ley. Todos los antecedentes penales de los menores deben quedar reservados, pero a disposición del Juez cuando entienda del caso requerirlos, para medir el índice de la peligrosidad del sujeto, que es fundamental para decidir si lo juzga como menor o como adulto.
Si el Parlamento no actúa con celeridad estará dando una pésima señal a la sociedad. Esa señal será la de su ineptitud -o lo que es peor- su indiferencia por la protección de una población que está sufriendo el azote de la delincuencia como nunca.