Estiman que controles antilavado afectarán operativa

La ampliación de los controles de lavado de activos a casinos, inmobiliarias afectará el negocio, informaron a El País varias fuentes de esos sectores.

El decreto firmado la semana pasada por todos los ministros, dispone que los casinos habilitados deberán pedirle información a clientes que realicen compras o canjes de fichas por un monto superior a US$ 3.000. El mismo procedimiento deberán cumplir rematadores que efectúen ventas por valores superiores a US$ 15.000.

El director nacional de Casinos, Javier Cha, dijo a El País que no estaba al tanto de esa decisión del Ejecutivo. "No me participaron ni me consultaron", informó. De todos modos, dijo que por el monto mínimo establecido indica que los controles no apuntan a los slots sino a juegos de cartas y ruleta.

Dijo que ese monto "es una cifra muy baja". "Eso no es nada para el tipo de perfil de apostadores a los que está dirigido el decreto. Hubiéramos recomendado una cifra muy superior. Si lo que se quiere es el control de grandes apostadores, esa cifra es insignificante", destacó.

Consultado sobre si el monto establecido generará dificultades en la operativa, Cha respondió que "sin duda" lo hará.

Por su parte, el casino del Hotel Conrad de Punta del Este aplica estos parámetros de contralor de lavado de activos de presunto origen ilícito desde el 1º de enero de 1997, explicó Jorge Serna, vicepresidente de la cadena Harrah`s y gerente general del complejo.

"Todo movimiento superior a US$ 3.000 lo registramos tal como lo hacemos desde que comenzamos nuestras operaciones en el año 1997", dijo a El País.

Tras culminar sus apuestas, un jugador que haya cambiado fichas por una cifra superior a los US$ 3.000 percibirá la diferencia de la misma forma que entregó. "Devolvemos el dinero tal como nos llega. Si alguien nos gira un dinero nosotros se lo enviamos al mismo banco de la misma forma que nos llegó. Si trae un cheque le devolvemos el cheque. No cambiamos efectivo por cheques, giros o letra de cambio. Le devolvemos el dinero en efectivo. Se trata de estándares en Estados Unidos", indicó Serna.

El decreto del Ejecutivo también alcanza a inmobiliarias y otros intermediarios relacionados con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles. Éstos también se verán obligados a hacer registros cuando las operaciones sean superiores a los US$ 100.000 en efectivo y por US$ 200.000 cuando utilicen instrumentos bancarios.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Gabriel Conde, dijo a El País que la medida "sin lugar a dudas al principio va a trancar el mercado".

La gremial solicitó que el segundo monto mínimo se eleve a US$ 500.000, ya que "las operaciones de US$ 200.000 son corrientes teniendo en cuenta los precios de las propiedades en el mercado".

(Producción: Marcelo Gallardo).