Desalojo: gobierno responde al Pit-Cnt

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El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo ayer que las críticas del Pit-Cnt contra el decreto que prohíbe las ocupaciones en edificios públicos "no son acertadas", y defendió la legalidad de la norma.

"Nosotros no compartimos el decreto. Estamos haciendo una serie de consultas jurídicas porque entendemos que es inconstitucional", dijo el dirigente sindical Gustavo Signorelle, tras una reunión del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt en la que se analizó el tema.

En respuesta a esa visión de la central obrera, Brenta afirmó en la tarde que el decreto "en realidad no tiene diferencias conceptuales" con la normativa aprobada en 2006 durante el gobierno de Tabaré Vázquez.

"El proceder del Poder Ejecutivo no varía en relación a que las instituciones públicas que ofrecen servicios públicos no son pasibles de ser ocupadas", dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa realizada en la sede ministerial.

Brenta explicó que el nuevo decreto fue aprobado tras la ocupación de la Intendencia de Tacuarembó, y la visión de una jueza de ese departamento que entendió que el decreto que estaba vigente no era aplicable.

Por eso, el gobierno decidió "redactar un nuevo decreto para que quedara claramente establecido que están los servicios públicos incluidos" en la normativa que considera ilegal las ocupaciones, dijo Brenta.

Por otro lado, el ministro de Trabajo dijo que es "un error" igualar la actividad privada con el sector público. En las últimas horas, tras conocerse el decreto, diversas cámaras empresariales reclamaron hacer extensivo el tenor de la nueva normativa al sector privado, ya que el gobierno habilitó la desocupación de los edificios públicos a través de la acción policial.

"La actividad pública y privada son distintas, porque los servicios públicos que presta el Estado no los prestan los privados. Entonces hay una diferencia conceptual bastante obvia", sostuvo Brenta.

El nuevo decreto también desató opiniones jurídicas. En tal sentido, los constitucionalistas Rúben Correa Freitas (ex director de Servicio Civil) y José Korzeniak (ex senador socialista) defendieron la legalidad de la normativa, y desestimaron los cuestionamientos del Pit-Cnt sobre la inconstitucionalidad de la medida.

Ambos especialistas entienden que el Estado tiene derecho a no permitir las ocupaciones de edificios de la administración pública.