FABIÁN TISCORNIA
A través de asociaciones público-privadas el gobierno prevé que se inviertan US$ 420 millones en infraestructura social (cárceles y escuelas) y unos US$ 270 millones en infraestructura turística, según los proyectos que maneja la CND.
Una vez que se apruebe la ley marco de asociaciones público-privadas el primer proyecto a ponerse en marcha será la construcción de una o dos cárceles para 1.800 reclusos, en lo que se prevé una inversión de US$ 120 millones, según la cartera de proyectos que maneja la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), adelantó a El País el director del organismo Rodrigo Goñi.
La CND será la encargada de estructurar las iniciativas y hacer la calificación de ofertas según señala el proyecto de ley a estudio del Parlamento. Además, se prevén proyectos por US$ 300 millones para construir y reacondicionar centros de educación.
Ayer, Goñi disertó en una actividad organizada por el Instituto Manuel Oribe y la Fundación Ferreira Aldunate, titulada "Las Asociaciones Público-Privadas ¿una herramienta eficiente para el desarrollo de infraestructura en Uruguay?".
El director de la CND -que integra el sector Alianza Nacional- intentó convencer a los legisladores del Partido Nacional de apoyar el proyecto a estudio del Parlamento. A la interna del partido gobernante, Frente Amplio, el mismo genera alguna discrepancia. De hecho, "desde el Partido Comunista se recuerdan las batallas antiprivatizaciones que se libraron", informó el diario El Observador, el domingo.
"Espero convencerlos de que tenemos que contribuir a que esta herramienta exista, a que sea la mejor posible", dijo Goñi ante un auditorio en el que estaban el senador blanco Jorge Larrañaga y el diputado de ese partido Jaime Trobo, entre otros. "Tenemos que actuar con grandeza, podemos tener la tentación de cobrar cuentas viejas pero no ayuda ni es bueno", enfatizó Goñi.
De todas formas, aclaró que las asociaciones con privados si bien "son una buena alternativa, no hacen magia; aún teniendo en cuenta las ventajas no son recomendables siempre ni en cualquier caso, hay que hacer una correcta evaluación".
OTROS PROYECTOS. En proyectos turísticos se estima canalizar US$ 270 millones por la vía de asociaciones entre el Estado y los privados. Unos US$ 200 millones corresponden a un centro de convenciones y complejo deportivo en Montevideo, otros US$ 30 millones a un centro de convenciones en El Jagüel (Punta del Este) y otros US$ 40 millones a la reconstrucción y operación de 300 metros de muelle en La Paloma. A su vez, en rutas se proyectan inversiones por US$ 500 millones en asociaciones y en vías férreas por US$ 315 millones por ese modo.
En cuanto a proyectos en el ámbito portuario en Montevideo (como uno nacional e internacional de pesca, una terminal para la carga de celulosa y una nueva terminal de contenedores), no hay cifras estimadas. De todas maneras, esa cartera de proyectos no determina que todos se canalicen mediante asociaciones público-privadas, ya que se hará un análisis para determinar si el modelo público-privado "es el que permite al Estado obtener el mayor `Valor por dinero`", se señala en el proyecto de ley. Esto es que con los mismos recursos el Estado pueda tener más obras si son hechas con asociaciones.
Al llevar adelante los proyectos a través de asociaciones, el privado se encarga de financiar, construir, mantener y gestionar el proyecto y tras 25 o 30 años lo transfiere al Estado. El ente público o Ministerio deberá repagar la obra mediante un canon o subvención por el uso. También la obra puede ser paga por el usuario a través de peajes en el caso de rutas.
CULTURA EMPRESARIAL. Para el director de la CND, además de promover la mejora de la infraestructura, las asociaciones público-privadas sirven para "desarrollar la cultura empresarial". Dijo que "es una buena oportunidad para que los privados y los públicos nos hagamos un replanteo de nuestra relación" y llamó a "mejorar la relación sobre la base de la transparencia". Goñi -que está en el sector público como director de la CND y también en el privado como gerente general del frigorífico PUL- señaló que "el sector privado tiene que prepararse para hacer mejor las cosas que el público" y "demostrar que los privados pueden tomar a su cargo obras por 25 años y lo pueden hacer bien".
Proyecto de ley es mejorable
El abogado Carlos Delpiazzo afirmó en el evento que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento "válido, útil, pero mejorable". Según Delpiazzo uno de los aspectos a mejorar es que para aprobar un proyecto público-privado "tienen que intervenir muchos organismos y no se establecen plazos, con lo cual puede ser que aprobemos el proyecto de ley y naufraguemos en el intento". Señaló que "es terrible" que no haya plazos determinados porque "si el que va a evaluar se toma 18 meses y la OPP otro tanto" no van a salir las iniciativas. Otro aspecto negativo que marcó es que se deroga la ley de iniciativa privada y si bien este proyecto prevé en parte ese mecanismo, no es tan amplio como la ley existente. Además pidió que el texto sea "más equilibrado" entre el Estado y el privado. "¿Ustedes celebrarían un contrato en el que todas las sanciones son para ustedes?", se preguntó. Reconoció como "muy positivo" la posibilidad de renegociar contratos.