Salario en gobierno central cerca de máximo histórico

Públicos. Es oportuna la propuesta del gobierno para cambiar el marco legal de la actividad de los funcionarios ya que en los últimos 7 años el salario real recuperó lo perdido en la crisis.

Remuneraciones

En el sector público pasaron de representar 4,1% del PIB a 4,6% del Producto.

HORACIO BAFICO/GUSTAVO MICHELIN

La pugna distributiva se ha generalizado en el país y en poco tiempo se multiplicó la cantidad de conflictos laborales, paros y medidas de fuerza. Parece algo insólito y desmedido para el crecimiento excepcional que tiene la economía.

El principal foco de problemas se encuentra en el gobierno central, donde las negociaciones con COFE por el Presupuesto y la Reforma del Estado se juntarán en breve con el ajuste salarial de enero del 2011. A éste se suman los problemas en la banca pública y varios frentes de conflicto en el sector privado donde las negociaciones de los Consejos de Salarios que vencieron en junio llegan a su final junto con el vencimiento del resto de los consejos salariales pautado para diciembre.

Como si los frentes abiertos fueran pocos, el gobierno ha realizado innovaciones en materia tributaria al Fonasa y en las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, quienes se han manifestado en contra de las mismas y las suman a la conflictividad.

En este contexto resulta oportuno analizar la evolución de los salarios para aquilatar el punto de partida para la discusión que se está procesando. Claramente el nivel de insatisfacción no se encuentra en la evolución reciente de los salarios y están predominando aspectos de las condiciones de trabajo y disputas por posiciones de poder político.

Luego que en el contexto de la crisis de 2002 el salario líquido que reciben los trabajadores cayera en el orden del 23%, se produjo una recuperación que se inició en el 2004 y en aproximadamente siete años registró un aumento del 31%.

Esta evolución fue la misma para los empleados del sector público y para los de la actividad privada, aunque los primeros sufrieron una caída menos abrupta y registraron una recuperación de mayor magnitud, alimentando la percepción histórica que el salario en el sector público es más seguro que el privado.

Los empleados públicos registran un nivel de salario real en el promedio del año terminado en septiembre del 2010 que es un 4% superior al promedio del año 1999, el nivel más alto previo a la crisis y posterior al retorno de la democracia. Adentro de esta tónica, el comportamiento no ha sido parejo para diferentes ocupaciones en el sector público.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) distingue tres grandes componentes de los salarios públicos: al gobierno central y organismos de seguridad social por un lado, las empresas públicas financieras y no financieras por otro y en tercer término a los gobiernos departamentales. La crisis provocó una caída del orden del 21% en los tres casos entre 1999 y 2003 pero la recuperación a nivel de las empresas públicas y los gobiernos departamentales fue del 25%, mientras que las remuneraciones promedio en el gobierno central registraron un incremento del 41%.

En términos generales, los salarios que involucran mayoritariamente a los empleados de COFE (gobierno central) se encuentran un 12% por encima del promedio de 1999 y en un nivel muy similar al de 1985, el máximo desde el retorno a la democracia. En este sector de la función pública lo que predomina para fijar ajustes salariales es, como dicen las leyes de Presupuesto, la disponibilidad que tenga la Tesorería. La tónica desde 1985 ha sido de restricciones financieras que frenan el deseo de los gobernantes por incrementar las remuneraciones, lo que ha llevado a limitar los ajustes y a reducir el número de empleados.

Para obtener un contexto de largo plazo en materia del poder adquisitivo del salario líquido de los empleados del gobierno central se puede comparar el valor promedio mensual para cada uno de los Presupuestos de los últimos cinco gobiernos.

Para ello hay que considerar la información entre enero del primer año civil luego que asume un gobierno hasta el ejercicio completo del año en que asume el nuevo gobierno. En este caso, hay una tendencia a la baja con oscilaciones, que se profundiza en el gobierno de Batlle cuando la crisis obliga un gran ajuste fiscal con una reducción del salario líquido a través del IRP. La recuperación reciente, durante el gobierno de Vázquez, fue importante y tal como se ilustra en el gráfico adjunto, reduce la diferencia con el promedio del Presupuesto 1986 - 1990, del 20% a tan solo el 7%.

En este último período no solo aumentó el salario real sino que también la cantidad de funcionarios.

Ello determinó que aumentase el peso relativo de las remuneraciones que abona el sector público, las que pasaron del 4,1% del PIB al 4,6% en la actualidad. Desde 2006 en adelante el total de gastos en remuneraciones en el gobierno central corregidas por el índice de salarios del sector registra variaciones positivas, siendo la más notoria la del 2009 (año electoral) en que el incremento fue de 6,4%.

El último período de gobierno marcó un cambio en la tendencia a la contratación de empleados públicos luego que los cuatro anteriores registraran bajas que tomando los cotizantes al Banco de Previsión Social pasaron de 201.439 en 1989 a 184.479 en 2004. El aumento en el 2009 llevó el total a 206.702.

En conclusión, los salarios en el gobierno central se han recuperado luego de la crisis y se retomó la contratación de funcionarios públicos.

El poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Central se encuentra en la actualidad un 12% por sobre el nivel de 1999. Claramente es el momento para que la agenda haga un lugar a una profunda discusión de la reforma del Estado en materia de manejo de recursos humanos.

Un fracaso en este tipo de iniciativa hará que el crecimiento reciente de salarios sea simplemente temporal y el descomunal ingreso de funcionarios públicos del 2009 termine siendo una carga para gobiernos que en el futuro tengan que enfrentar condiciones externas adversas.

Sin una reforma del marco legal la única variable de ajuste es el salario real y suprimir contrataciones a rajatabla.