Gobierno niega el pago de sobornos

BUENOS AIRES | La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento argentino citó para hoy a las tres diputadas que denunciaron presiones por parte del Gobierno la noche en que se votaba el presupuesto 2011: Elisa Carrió (Coalición Cívica), Cinthia Hotton (Valores para mi País) y Elsa Alvarez (Unión Cívica Radical). Según las diputadas, cuando se trató el tema 12 legisladores fueron tentados para que abandonaran el recinto o aprobaran el documento.

En la reunión de mañana surgiría el nombre del ministro de Planificación Julio De Vido como uno de los responsables de haber realizado llamadas instigadoras. Las menciones también incluyen a los ministros Julián Domínguez, de Agricultura, y Carlos Tomada, de Trabajo.

Los voceros de Carrió adelantaron que la líder "contará todo lo que vio y escuchó en el recinto". La diputada Álvarez aseguró que revelará "todos los datos de quiénes fueron y cómo sucedieron los hechos". Le resultó "extraño recibir llamadas de funcionarios" que nunca antes se habían comunicado con ella. Según explicó, recibió tres llamadas mientras se desarrollaba la sesión.

"El primero es un funcionario, no de primera línea, y me preguntó qué grado de compromiso tenía yo y qué perjuicio me podría ocasionar ausentarme en el recinto a la hora de votar", explicó. Álvarez rechazó el ofrecimiento pero recibió otras dos llamadas.

"Lo que hay que saber es quién las perturbó, si es que se sintieron perturbadas en el desarrollo de su tarea legislativa", explicó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño.

Pero el oficialismo niega las presiones y el jefe de Gabinete Aníbal Fernández aseguró que "no hubo amenazas ni propuestas indecentes ni nada por el estilo". Y arremetió contra las denunciantes: "Estamos ante una mugre inventada por Carrió y Patricia Bullrich para tirar abajo la sesión", dijo a radio Continental.

El kirchnerismo pretende tratar el asunto en una sesión especial mañana para intentar darle media sanción. Pero la oposición y la Comisión de Asuntos Constitucionales dicen que eso viola la ley porque el proyecto ya fue rechazado la semana pasada. LA NACIÓN / GDA