Una ola de juicios laborales pone en jaque a forestales

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RAÚL MERNIES

Más de 1.500 puestos en el sector forestal se perdieron en Rivera en tres años. Los cambios en la legislación laboral dieron lugar a una ola de juicios que pone en jaque a los empresarios, quienes aseguran que las demandas son fraudulentas.

La Asociación de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay (Asecfur), que agrupa a las empresas que prestan servicios tercerizados a las grandes forestales, denunció esta situación al gobierno mediante un documento entregado al vicepresidente Danilo Astori, afirmando que las demandas presentadas por los trabajadores son "falsas", y los testigos "comprados".

El escenario laboral se modificó en 2009, cuando empezó a regir la ley de las ocho horas en el sector rural, que también afecta al forestal.

La reglamentación, que generó molestias entre empresarios, es el argumento principal de esta avalancha de demandas, que principalmente reclaman el pago de las horas extras generadas en el tiempo de viaje entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, que si es mayor a una hora se computa como trabajado.

Los empresarios realizaron un estudio para encontrar soluciones a esta "problemática legal", asegurando que hay un grupo de abogados que se han dedicado a generar "demandas falsas como forma de negocio", que ocasionaron la pérdida de "miles de puestos de trabajo", según un documento al que tuvo acceso El País.

Entre 16 empresas contratistas consultadas de forma anónima para el estudio, seis quebraron, cuatro abandonaron esa actividad y las restantes redujeron personal en los últimos tres años. Estas 16 empresas agrupaban 1.710 trabajadores en 2007. Hoy, las seis que quedan suman 131 trabajadores.

Los empresarios han reclamado a la Justicia, pero desde que la nueva ley está en marcha los fallos han sido a favor de los trabajadores. Según Asecfur, "el sistema judicial no valora las pruebas presentadas por las empresas forestales", e incluso agrega que hay "testigos falsos, cuyas declaraciones son compradas".

El abogado Heber Batista, laboralista de Rivera, especializado en el ramo forestal y que ha llevado adelante algunos de estos juicios, dijo a El País que en los últimos tres años logró "60 sentencias de segunda instancia, todas a favor de los trabajadores".

El volumen de juicios laborales se incrementó tanto en los últimos años en Tranqueras (Rivera) que el juzgado tuvo que agregar un nuevo turno para atender las demandas.

Uno de los aspectos que, según los denunciantes, también favoreció al crecimiento de este "negocio", fue la ampliación del período a demandar por parte del trabajador, que pasó de dos a cinco años. Por lo que actualmente se están haciendo juicios por horas impagas en 2005.

Entre las explicaciones que los propios contratistas le dieron al gobierno, e incluso conversaron con el Ministerio de Trabajo, se afirma que los abogados "reclutan demandantes a través de un gremio llamado Sunof (Sindicato Único Nacional de Obreros Forestales), que no está reconocido por el Pit-Cnt, y que está exclusivamente dedicado a armar juicios contra las empresas de servicios forestales y las empresas forestales".

Batista es el asesor legal de este sindicato, y actualmente está llevando adelante una demanda contra la forestal Dank-Fymsa por "gravísimos incumplimientos laborales".

El reclamo agrupa a 108 trabajadores que piden que se les pague las horas extras adeudadas desde 2005 a la fecha y supera los $ 200 millones (US$ 10 millones).

Según los empresarios, las demandas siempre incluyen los mismos rubros: horas extras por tiempo de viaje, horario de descanso, trabajos los domingos, aguinaldo y salario vacacional no pago y daños y perjuicios. También demandan menores aportes de lo que perciben en efectivo los empleados.

Batista, uno de los abogados que más ha explotado el nicho generado por la nueva legislación, agregó que los trabajadores reciben una paga de entre $ 0,80 y $ 1 "por cada árbol de seis metros al que se tienen que subir a talar a serrucho".

Un aspectos que molesta a los empresarios es la imposibilidad de conciliación. "En el momento de la conciliación los abogados piden cifras parecidas al monto de la demanda con el fin de no conciliar, y continuar con los juicios hasta ganarlos. En los últimos 10 años no hubo ninguna conciliación entre partes", afirma el documento de la Asecfur.

En los juicios, las empresas presentan como pruebas las planillas con las horas firmadas por los propios operarios, pero los demandantes alegan que firmaban obligados.

"Si en la planilla figuran solo las horas en el monte y no el tiempo de traslado hasta los lugares de trabajo, basta con que un supervisor confirme que al trabajador lo pasaron a buscar una hora más temprano para que ya le deban una hora extra", argumentó Batista.

Los empresarios afirman que los testigos son "falsos" que "mienten en sus declaraciones" y que algunos van rotando entre los distintos juicios".

También aseguran que los trabajadores no son los principales beneficiados, y que estos suelen cobrar "montos ínfimos" porque los abogados "compran los derechos del juicio".

En medio de esta situación problemática en Rivera, ayer se firmó el convenio salarial que regulará el régimen de aumentos, horas extras, horas de viaje, al que se llegó luego del proceso de negociación colectiva.

El acuerdo tripartito fue rubricado por la Sociedad de Productores Forestales, el gobierno y los trabajadores, pero no empezará a regir, por lo menos, hasta el mes que viene, cuando se lo publique en el Diario Oficial.