Entre "equidad tributaria" y temor a "fuga" de capitales

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DANIEL ISGLEAS

Gracias a un acuerdo entre el Frente Amplio y Alianza Nacional, el Senado le dio ayer media sanción al proyecto que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario. Los opositores a esta iniciativa vaticinaron una "fuga de capitales".

En diez horas de discusión más sobre aspectos políticos que técnicos, el Frente Amplio y Alianza Nacional subrayaron que este proyecto -aprobado por 21 votos en 29-, incorpora un criterio de "equidad tributaria" porque grava tanto los activos de uruguayos en el exterior como los de inversores extranjeros en la plaza local, y porque da "garantías" a los individuos y empresas cuando, a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI) o de un gobierno extranjero, se solicite el levantamiento del secreto bancario.

Durante la sesión, Unidad Nacional (UNA) y el Partido Colorado lanzaron duras críticas a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por ejercer "presión" sobre el país. (ver nota aparte).

El colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) dijo que se pone "al país de rodillas" frente a la voluntad de la OCDE y ratificó que el proyecto constituye "una entrega de soberanía", lo cual fue interpretado por Alianza Nacional como una alusión directa a su actitud acuerdista con el Frente Amplio.

Desde Alianza Nacional, Jorge Larrañaga y Heber Da Rosa argumentaron que gracias a la intervención de su sector el proyecto mejoró y asegura garantías a los inversores. "No somos imperialistas ni entreguistas ni comemos un asado con nadie", replicó Larrañaga a Bordaberry.

Da Rosa aclaró que la iniciativa establece que el secreto bancario sólo podrá ser levantado en forma excepcional y en base a elementos bien fundados, por ejemplo ante un delito de defraudación tributaria por evasión.

Da Rosa explicó que para mayor claridad de procedimientos, se establece que preceptivamente el juez debe dictar sentencia a favor o en contra del levantamiento del secreto bancario. "No hay un pronunciamiento tácito de la Justicia", aclaró. La sentencia es apelable y el recurso de apelación tiene efecto suspensivo, añadió el senador.

Da Rosa celebró que hayan sido eliminadas del proyecto, a pedido de Alianza Nacional, las modificaciones al Impuesto al Patrimonio según las cuales se extendía la fuente de ese impuesto a activos de depósitos, préstamos e inversiones de uruguayos en el exterior.

También destacó que se acordó con el gobierno extender el IRPF a capitales y depósitos invertidos en el exterior, por razones de "equidad" en materia tributaria con respecto a quienes pagan ese impuesto en el país. "Hemos hecho oposición pero con un criterio pragmático y constructivo", subrayó Da Rosa.

Francisco Gallinal (UNA) salió al cruce de la postura de Da Rosa. Dijo que el proyecto es "inconveniente" porque "impactará en la economía nacional". Según Gallinal, hay temas sumamente diferentes en el proyecto, como las normas que prevén ampliar el IRPF.

El proyecto sobre el levantamiento del secreto bancario "no es más garantista" para el inversor extranjero, sino que "se aplica para flexibilizarlo, lo que genera incertidumbre en la plaza", destacó Gallinal. El inversor extranjero, especialmente el argentino, "se sentirá vulnerado" y se "desmotivará" de haber traído sus capitales a Uruguay. Esta ley "horada la confianza" del país en el exterior, subrayó.

Según Gallinal, los capitales de argentinos en la plaza uruguaya suman unos US$ 3.000 millones.

Su compañero de bancada Luis Alberto Heber, advirtió que se avecina una "fuga de capitales" a consecuencia de esta ley.

El líder de UNA, Luis Alberto Lacalle, cerró las intervenciones dando fundamentos políticos para su rechazo a la iniciativa. Por ejemplo, destacó que el secreto bancario era "una ventaja comparativa que tenía el Uruguay", y vaticinó que con los nuevos gravámenes no aumentará la recaudación de forma significativa. "Debemos tener como meta la defensa de los intereses nacionales y no lo estamos haciendo al aprobar este proyecto", destacó.

"Cero preocupación". El presidente del Banco Santander en Uruguay, Jorge Jourdan, dijo ayer que el avance en materia de transparencia financiera internacional "es imparable" y que "es imposible mantenerse al margen". En una conferencia de prensa, el ejecutivo mostró su interés por que el tema se maneje "con rigurosidad y respeto a los derechos de los individuos". Y agregó que es un "tabú de la historia" pensar que la banca uruguaya pueda tener fondos no genuinos o de dudoso origen (lavado de dinero).

Por otra parte, dijo que sus clientes españoles "le quitaron todo dramatismo" al tema y lo tomaron "con absoluta normalidad" y "cero preocupación".

Las "presiones" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que Uruguay haga cambios en su sistema tributario para excluirlo de una "lista gris" de países considerados "paraísos fiscales", fue marcada ayer por el sector Unidad Nacional y el Partido Colorado.

Francisco Gallinal (UNA) sugirió que el gobierno impulsó estas modificaciones al régimen de secreto bancario a fin de firmar una serie de tratados y así conformar a la OCDE y salir de la llamada "lista gris".

Luis Alberto Heber (UNA) citó expresiones del presidente de la Asociación de Bancos, Julio de Brun, en cuanto a que "la razón de todo ha sido el apetito fiscal" y la "presión" de la OCDE.

"Lo que en otra época hubiese sido una goleta con cañones frente a Montevideo, hoy se ha transformado en la inclusión en una lista gris de OCDE. La mecánica es la misma", subrayó Heber.

"Uruguay no es un paraíso fiscal. (Lo de la OCDE) es una presión imperial", añadió Heber.

El colorado Pedro Bordaberry evocó a Artigas. "El pueblo uruguayo se fue con Artigas al Ayuí por mucho menos que esto", dijo. "Hoy nos ponemos de rodillas frente a lo que nos impone desde afuera la banca internacional", afirmó.