INAU: critica a la política de encierro de menores

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EDUARDO DELGADO

El Comité de los Derechos del Niño y la Organización Mundial contra la Tortura reclaman más inversión en prevención que en represión, discrepan con bajar la edad de imputabilidad y la instalación de módulos de acero en hogares del INAU.

La vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de ONU, la paraguaya Rosa María Ortiz, indicó que en Uruguay la primera alternativa para los menores es la privación de libertad cuando debería ser la última.

Ortiz y la francesa Cécile Trochu, coordinadora de derechos de la infancia de la Organización Mundial contra la Tortura, son parte de una delegación que estuvo esta semana en Uruguay, que se entrevistó con autoridades del INAU, operadores del sistema judicial de menores y ONG.

El viernes 29, tras visitar varios hogares del INAU, Ortiz dijo que pudo "certificar que realmente no se produce un cambio de enfoque para adecuarse al compromiso con la Convención de los Derechos del Niño. Sigue siendo lo prioritario encerrar a los niños y adolescentes y como una excepción rara una actividad fuera de la celda", dijo Ortiz a El País.

Como el mayor ejemplo del incumplimiento, Ortiz mencionó al Centro de Estudios y Derivaciones del INAU. "Allí van chicos bajo medidas de amparo, que son víctimas y sin embargo en el nuevo local lo que uno ve son rejas", comentó.

Ortiz recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño y "todos los tratados hablan del encierro como último (recurso)", pero en Uruguay "es el punto de partida" y esto "no es solo por falta de recursos, porque las nuevas construcciones repiten lo anterior".

Resaltó que Uruguay tiene políticas públicas "interesantes que buscan la universalidad", pero "hay un sector de la población, la adolescente, a la que le faltan medidas afirmativas fuera de la privación de libertad". Señaló que "se invierte en la excepción, que es la privación de libertad, y no en la prevención".

Según Ortiz, es necesario que todos los organismos del Estado contribuyan con políticas que incluyan a los menores y que no solo el INAU lo haga.

"Hay recursos para internar, pero no para ayudar a la madre, a la abuela o un tío para hacerse cargo de un acompañamiento familiar. Los recursos del Estado tienen que estar en un 80 o 90% para prevenir y el niño estar en su familia, en su comunidad. Porque eso le permite tener un entorno favorable y límites, y el afecto para crecer", reflexionó.

Ortiz dijo que la sociedad uruguaya tiene que preguntarse si apuesta a la seguridad o a vengarse y castigar a los menores que delinquen, "porque ambas cosas no requieren las mismas medidas".

Si se apunta a la seguridad, "a los adolescentes que delinquen se les deben dar respuestas para que no reincidan y eso no se da en medios privados de libertad, que siempre van a existir pero en un número muy reducido y en casos muy graves", dijo la funcionaria de la ONU.

"La recuperación y la paz de la sociedad no se logran teniendo a menores 22 horas al día encerrados en su celda, sin educación ni atención psicológica. Eso produce más presión para que acumulen rabia, reviente el sistema y es una violación de derechos del Estado, es tortura", expresó Ortiz.

Además, fue tajante en que "ni aunque sea un delincuente puede tenerlo en esas condiciones y menos si piensa que eso es para la reinserción social".

sin resultado. Ortiz y Trochu coincidieron en opinar que bajar la edad de imputabilidad viola normativas internacionales, sino que tampoco reduce la delincuencia e incluso la puede hacer crecer.

"Por miedo se pueden pedir medidas que no tienen lógica, que producen más delincuencia, que tienen efectos inversos", declaró Ortiz. Aclaró que siempre hay casos que requieren privación de libertad. "A quienes tienen muchos antecedentes se les darán las medidas que corresponde para proteger a la sociedad. Privados de libertad si son muy peligrosos, pero dándoles los programas que requieren para intentar que no vuelvan a cometer delitos", señaló.

Para Trochu, en tanto, la baja de la edad de imputabilidad sería ineficaz en prevenir la delincuencia juvenil y su tratamiento, "e incluso puede empeorar la situación".

"Si bajamos la edad a 16 años significa que esos niños serán considerados como adultos y pasarán a la justicia de adultos. Entonces las tasas de la delincuencia juvenil bajarán, pero no será la realidad, (porque) los números (de delitos) no bajarán", afirmó Trochu.

Ortiz expresó que "las bandas criminales que utilizan a los adolescentes más jóvenes para delinquir, al reducirse la edad de responsabilidad penal, recurren a niños de menor edad. Entonces son aun más vulnerables. Se consigue más niños adentro pero no menos delitos".

Ortiz y Trochu son contrarias a la instalación de módulos de acero en hogares del INAU, que Trochu define como "cajas de transporte de mercadería donde es indigno alojar niños".

"Las autoridades dijeron que era una medida temporal de 30 días. Pero en Uruguay a veces las soluciones temporales terminan siendo permanentes", expresó Trochu.

Opinó que los módulos instalados en el hogar Puertas "son más limpios que las celdas pero no dejan de ser cajas" y "no creo que el lugar vaya a durar mucho tiempo en estas condiciones. Ni siquiera son una solución", concluyó Trochu.