Ex edil del FA acuerda disculparse con Hackenbruch

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El ex intendente colorado de Canelones, Tabaré Hackenbruch, y el ex edil frenteamplista Washington Gondolveo, llegaron a un acuerdo judicial por el cual el segundo se retractó de haber acusado en 2008 de enriquecimiento ilícito al ex jefe comunal.

En noviembre de 2008, Gondolveo, tras una conferencia de prensa realizada en la Junta Departamental de Canelones, dijo que tanto Hackenbruch como su entorno más cercano se enriquecieron de forma ilícita durante la última administración colorada (2000-2005).

Eso motivó que Hackenbruch presentara una denuncia penal contra el entonces edil por el delito de "difamación e injurias". También abrió una acción civil por el "daño moral" causado por sus dichos.

A nivel penal, el fiscal de Canelones que tuvo a su cargo el caso, llegó a pedir el procesamiento de Gondolveo. Sin embargo, el juez no hizo lugar a la solicitud al considerar que los dirigentes políticos tienen una suerte de "moral especial" cuando polemizan entre sí a través de la prensa, dijo a El País el abogado de Hackenbruch, Diego Iglesias.

El caso llegó al Tribunal de Apelaciones Penal de 3° Turno, donde finalmente Gondolveo le pide disculpas a Hackenbruch.

Las partes acordaron ante el Tribunal que el ex edil se retractaría en varios medios de comunicación. Gondolveo admite que sus manifestaciones no tuvieron la intención de "mancillar el honor" de Hackenbruch, y que de la comisión investigadora de la Junta Departamental de Canelones no surge que el ex intendente "haya cometido delito alguno o que el mismo y sus allegados se hayan enriquecido", según la resolución del Tribunal.

Si bien el plazo para retractación venció, Hackenbruch esperará unos días para a que Gondolveo cumpla con lo pactado, porque su intención es terminar con el tema, dijo su abogado Iglesias.

En la resolución judicial mediante la cual Hackenbruch y Gondolveo llegaron a un acuerdo, el ex edil frenteamplista admitió su error en las declaraciones que formuló contra el ex jefe comunal, porque "la determinación de las conductas que pueden tipificarse como delito no corresponden a la Junta Departamental ni a los ediles, sino a la Justicia".