INAU: módulos con aire acondicionado

El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) arrendará en el corto plazo entre cinco y seis contenedores metálicos que serán utilizados como alojamiento para los menores infractores internados en dependencias del organismo.

La intención es crear un centro para alojar a unos 40 jóvenes, utilizando los contenedores como habitáculo, salones de clase y oficina, dijo el integrante del Directorio del INAU, Jorge Ferrando.

"Es la solución más rápida que encontramos para abatir la problemática del hacinamiento, pero no quiere decir que sea algo definitivo", explicó Ferrando a El País.

Los contenedores serán arrendados a una empresa que ganó una "licitación abreviada" abierta por el INAU, dijo el jerarca. El costo mensual del alquiler de cada módulo será de US$ 500.

Ferrando dijo que los contenedores son "similares" a los que se usaron durante la construcción de la planta de Botnia (actual UPM) en Fray Bentos para alojar a los obreros que trabajaron en el lugar.

"Si se consulta en internet, este tipo de módulos han tenido usos muy variados, e incluso han funcionado como escuelas. Tienen una gran tecnología de aislamiento y cuentan aire acondicionado", dijo Ferrando.

Si bien la capacidad para alojar a los adolescentes puede variar, se estima que en cada contenedor podrán convivir unos ocho jóvenes. Actualmente, ya hay un módulo de estas características instalado en el Hogar Puertas de Montevideo.

DENUNCIA. El martes, los tres integrantes del Directorio del INAU declararon ante la jueza penal Mariana Mota y la fiscal Diana Salvo, en el marco de una denuncia presentada el mes pasado por el abogado Gustavo Salle a raíz de las condiciones en las que viven los menores infractores.

En la audiencia, el presidente del INAU, Javier Salsamendi, y los directores Dardo Rodríguez y Ferrando, reconocieron la sobrepoblación de los centros de internación, y explicaron algunas de las medidas que prevén tomar al respecto, como la instalación de los módulos metálicos.

Salle denunció a las jerarquías del INAU a las que acusa por el delito de "tortura", previsto en el artículo 22 de la ley 18.026, mediante la cual Uruguay ratificó los ilícitos penados por la Corte Penal Internacional relativos a ilícitos de lesa humanidad.