Advierten una "carencia sustancial" en política de información pública

El 61% de los organismos públicos cumple con la ley de Acceso a la Información Pública en niveles considerados "medio" y "bajo", acatando así menos del 60% de lo previsto en la normativa vigente desde 2008, según un estudio presentado ayer.

Esa estadística "permite ver una carencia sustancial en la política pública de transparencia activa que debería focalizarse en lograr que todos los organismos lleguen al mínimo legal de información disponible según la ley". A esa conclusión llegó un relevamiento del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).

El adelanto del trabajo, que analiza una muestra de 66 páginas web de organismos oficiales, fue presentado ayer en un desayuno de trabajo con periodistas que tuvo lugar en el Café Tribunales.

La investigación constató que solamente la Contaduría General de la Nación (CGN) brinda en su sitio de internet la totalidad de la información que desde 2009 exige como obligatoria la ley de Acceso a la Información Pública, que está vigente desde 2008.

Legalmente, los organismos estatales deben brindar información sobre sus autoridades; el organigrama; las facultades de cada unidad; la estructura de remuneraciones por categoría; presupuesto asignado y su ejecución; balances anuales; auditorías y formularios para solicitud de información.

A nivel general, el cumplimiento de la normativa en el grado "medio-alto" se ubica en el 28,8% y "alto" (que implica cumplir entre el 81 a 100% de las obligaciones) sólo se registra en el 10,6% de los organismos, según la investigación.

SÓLO LA CGN. El Cainfo y Ielsur señalan que de los 66 sitios web relevados, solamente el de la CGN cumple con los requisitos establecidos. Asimismo, sólo 11 organismos están en un nivel de cumplimiento superior al 80%, con siete y de los nueve puntos obligatorios.

En los primeros lugares detrás de la CGN en cuanto al cumplimiento de la ley de Acceso a la Información Pública se destacan: el Poder Judicial; Casinos; la Agesic; la OPP; Antel; Ancap y las Intendencias de Salto y Artigas.

Según el estudio, la página web de la Presidencia de la República cumple solamente con el 17% de los requisitos previstos en la ley. A su vez, las empresas privadas con capitalización estatal (Agolan S.A., Ducsa S.A., Conecta, HG S.A., Pluna, Sistarbanc y Terminal Cuenca del Plata) comparten el último lugar del relevamiento, ya que no cumplen con ninguna de las previsiones legales.

En cuanto a los incumplimientos, el informe señala que "si bien hay una obligación de poner a disposición del público la categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistemas de compensación, esto aún no se ha hecho en casi un 48% de los organismos".

En el mismo sentido, el relevamiento sostiene que en cerca del 90% de los sitios web no se publican las auditorías, lo que refleja "la escasa tradición del Estado uruguayo de exponer sus datos, particularmente en aspectos vinculados a gestión", dice el estudio.

TRANSPARENCIA ACTIVA. Por otro lado, el estudio evaluó el Índice de Transparencia Activa en Línea de las 66 páginas web analizadas. En esta medición, la CGN también se ubica en el primer lugar con el 81% de cumplimiento.

En este rubro se analizan cuatro aspectos fundamentales que no necesariamente están regulados por ley: información general, información presupuestaria y financiera, información sobre interacción y participación ciudadana, y actualización y usabilidad del sitio.

Según el informe, "el grueso" de los organismos analizados se ubica en el nivel medio de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa en Línea. "En otras palabras, ningún organismo cumple con publicar toda la información necesaria para obtener una completa rendición de cuentas de interacción con los ciudadanos", explica el estudio.

Así, se destaca el puntaje logrado en cuanto a la Transparencia Activa por la DGI, el BCU y la Universidad de la República. En contrapartida, los organismos que tuvieron una peor calificación fueron nuevamente las sociedades anónimas capitalizadas por el Estado.

El informe del Cainfo y Ielsur tiene un apartado de "buenas prácticas" en Transparencia Activa.

En ese sentido, el informe señala que "el desafío es consolidar una cultura de gobierno abierto dentro de los cuadros funcionales y la práctica institucional cotidiana, propiciando que los valores de transparencia y acceso a la información sean parte de la cultura organizacional".

En cuanto a medidas concretas, se plantea la necesidad de "colocar" a disposición de la ciudadanía la información adecuada "organizada y de inmediata disponibilidad". También recomienda abrir espacios de interacción y divulgar que la información es un derecho de la ciudadanía.