COFE reclama modificaciones en decreto de seis horas

El sindicato de trabajadores estatales (COFE) se reunió hoy con representantes de los ministerios de Economía y Trabajo, además de otros jerarcas del gobierno, para dar su visión sobre el decreto que introduce modificaciones laborales para los empleados estatales.

Los puntos centrales del decreto son el ajuste de la jornada laboral de los empleados de la Administración Central en al menos seis horas y la potestad de los jerarcas de dictar sanciones de hasta 180 días sin pasar por la etapa sumarial.

El secretario general de COFE, Joselo López, dijo a EL PAÍS digital que en el sindicato "hay voluntad de negociar" aunque no se está de acuerdo con lo que plantea el decreto. COFE planteó al gobierno que si se pretendía fijar en seis horas el mínimo de duración de la jornada laboral se debe aumentar los salarios más sumergidos.

López explicó que los principales afectados por este decreto son los profesionales y técnicos del Estado y dijo que, aunque no hay un número definido, no representaría un gasto elevado para el gobierno aumentar los salarios más bajos.

Por otra parte, el representante sindical señaló con preocupación el artículo 19 del decreto, que introduce cambios en las potestades de los jerarcas. López dijo que con los cambios previstos los jerarcas pueden llegar a suspender a un empleado por hasta 180 días sin pasar por el proceso sumarial. En tal sentido, López afirmó que el debido proceso es la "garantía de los trabajadores".

El secretario general de COFE opinó que en cuanto a la regulación de horarios no ve un punto de conflicto pero sí señaló como preocupante el cambio en las sanciones, lo que entendió es un capítulo más en "los ataques" que el gobierno ha llevado adelante contra los empleados públicos.

COFE aguarda para la semana próxima la convocatoria para continuar con las negociaciones. En caso de que el decreto sea aprobado el lunes en Consejo de Ministros sin contemplar las modificaciones solicitadas, López dijo que "se va a armar lío" porque piensan agotar las "armas legales y sindicales".