Las implicancias

Vamos a plantear un tema que recientemente dio mucho que hablar en torno al cual hay investigaciones en curso. El concepto de "implicancia" lo damos por conocido. En términos de uso corriente, tomémosla como el involucrarse en una actividad sensible a la gravitación de un atributo de poder -lo sería el ocupar un cargo público de jerarquía, por ejemplo- que puede reportar para quien lo hace un beneficio. Tendrá connotaciones delictivas si se tipifica la conducta de la figura penal de la conjunción del interés público y privado.

Es evidente que la implicancia no es deseable. Los cargos públicos están para servir a la patria, y en esta afirmación no debe verse una recarga de solemnidad retórica sino el reflejo de una realidad. Cumpliendo la función pública sin otro interés que el de la vocación de servicio, nadie podría hacer una fortuna, aunque como es natural, en la escala habrá cargos de mayor responsabilidad y de mejor remuneración que los de subordinados. Pero lo que pretendemos en este editorial va más allá. Queremos saber si el hecho de la implicancia en sí misma es mal visto por la gente, por el ciudadano de a pie, o si se quiere, por el que respalda o castiga con su voto a determinada persona o partido político. Y sorprendentemente a esta interrogante tenemos que contestarnos que depende de quién sea el implicado, porque hoy y aquí, la cancha está flechada.

Antes de acceder al gobierno la izquierda, sin ninguna duda que cualquiera que utilizara -o sólo si se sospechara que utilizó- la función pública para su beneficio personal, quedaba mal parado ante la opinión pública. Al punto que volver a postularse para un cargo electivo podría determinar su fracaso. Son muchos los nombres que desaparecieron del espectro político y no siempre con pruebas de incorrecciones en su gestión o de haber obtenido provechos indebidos. Alcanzaba con el rumor para condenar.

A partir del 1º de marzo de 2005 las cosas cambiaron. Lo peor es que el primer mal ejemplo lo dio quien accediera a la Presidencia de la República en esa fecha. Vamos a no enumerar todos los episodios que en su momento generaron comentarios reprobatorios. Alcanza sólo con recordar dos.

Uno, que el entonces Presidente, médico de reconocido prestigio, siguió ejerciendo su profesión de tal al servicio de una Institución asistencialista también conocida y prestigiosa durante todo su mandato. O sea que ejerció su profesión en el ámbito privado, trabajando para una mutualista a la cual, como integrante del Poder Ejecutivo, debía controlar conjuntamente con el ministro de Salud Pública.

También se implicó políticamente, y violó frontalmente la Constitución de la República que le prohibía, en tanto que Presidente, realizar cualquier acto de naturaleza política menos el voto. Y actuó abiertamente en política en forma constante, a través de aquellos cabildos abiertos que realizaba con sus ministros en todo el país, disfrazándolos de "sesiones de Consejos de Ministros". Quien tenga memoria y además buena fe, recordará que se trataba ostensiblemente de actos partidarios en lugares públicos o cerrados en donde flameaban por todas partes las banderas del Frente Amplio.

En dos palabras, si a quien debió dar el ejemplo por ser la cabeza visible del gobierno le importó un ardite -o ni siquiera eso- implicarse ante quien quisiera saberlo y también quebrantar la preceptiva constitucional, y a la gente tampoco le importó ni la implicancia ni la transgresión al punto que hoy de diez frenteamplistas cinco quieren verlo de nuevo en la Presidencia de la República, no puede extrañar que hicieran o hagan lo mismo sus colaboradores o sucesores.

La pérdida de valores que afecta al país -culturales y educacionales sobre todo- se traslada inevitablemente al plano cívico. En el pasado gobierno y en este se vivió y se vive la impunidad oficialista. Hay gobernantes que hicieron y hacen lo que se les da la gana, con el respaldo de la indiferencia popular.

¿Alguien lo duda?