Impulsan creación de un código penal juvenil

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E. BARRENECHE / P. MELGAR

El presidente del INAU, Javier Salsamendi, coincidió con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre la necesidad de discutir la creación de un código juvenil que permita a jueces mantener los legajos de menores en caso de delitos graves.

"Planteé la posibilidad de analizar la creación de un Código Penal Juvenil y un Código de Proceso Penal Juvenil" con el propósito de ampliar el marco de la responsabilidad penal de los adolescentes, dijo ayer Salsamendi a El País.

Sin embargo, aclaró que el Directorio del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) aún no se pronunció sobre el punto.

En caso de ser aprobado, este nuevo código funcionaría en paralelo al de la Niñez y la Adolescencia que está vigente.

Salsamendi dijo que todavía no ha discutido el tema con Bonomi, pese a que se reunieron en varias oportunidades para analizar aspectos operativos y de la gestión del INAU.

En este momento, ejemplificó, el Ministerio del Interior realiza un relevamiento para mejorar la seguridad de los cercos perimetrales existentes o para construir nuevos en los entornos de los hogares del INAU con medidas privativas de libertad.

Salsamendi indicó que este tipo de códigos existe en varios países y que por el momento no tiene un proyecto concreto.

Tanto Bonomi como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, son proclives a que los jueces de Menores puedan decidir mantener los antecedentes de los adolescentes infractores en caso de delitos graves.

En septiembre de este año, en una de las citaciones al Parlamento para explicar el presupuesto del Ministerio del Interior, Bonomi señaló que es necesario crear "un código penal juvenil", que permita que los jueces "tengan la potestad de mantener antecedentes del menor, si los delitos -por su gravedad o reiteración- lo ameritan".

"No creo que haya que pasar todos los antecedentes, sino los más graves y que eso lo determinen los jueces. Pero esto es una parte dentro del proyecto de plantearse si es necesario un código penal juvenil", expresó entonces el ministro.

Bonomi dijo que si bien "no hay nada concreto" sobre el código penal juvenil, sí "se tiene que empezar a dar" la discusión "con ideas concretas" y citó al respecto las propuestas de la oposición sobre una ley de antecedentes de menores y la creación de un Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor (IRAI), como primeros elementos para generar esa discusión.

En agosto pasado, Chediak dijo que ningún convenio internacional sobre los derechos del niño impide a Uruguay mantener los legajos de los menores infractores tras cumplir estos la mayoría de edad.

También señaló que una comisión, integrada por representantes del Ministerio del Interior y de la Suprema Corte de Justicia, trató el tema de los legajos de los menores cuando discutía la elaboración de un proyecto de ley que habilitará liberaciones masivas de presos. Ambas partes ya acordaron una iniciativa que será firmada por Bonomi y Chediak la próxima semana.

LIBERTAD. Este acuerdo establece liberaciones para los reclusos que cometieron delitos leves y que ya cumplieron una prisión preventiva superior a los dos años.

También serán liberados enfermos terminales, presos con más de 70 años excepto aquellos que cometieran delitos de lesa humanidad y embarazadas o mujeres que estén amamantando a sus hijos.

Quedarán excluidos de los beneficios los reincidentes y autores de delitos graves.

Según fuentes gubernamentales y judiciales, el plan también prevé que cualquier proceso que no tenga una acusación fiscal en un plazo de dos años, el juez a pedido del fiscal tendrá que poner en libertad automáticamente.

La fiscal Ana María Tellechea dijo a El País que no depende del Ministerio Público que haya o no acusación fiscal, sino del movimiento que tenga cada uno de los juzgados.

"Hay algunos que son rápidos y otros que no. Los fiscales tenemos plazos muy breves y los juzgados en muchas cosas no tienen plazos. La Fiscalía no es la que demora los expedientes, la demora se produce en el Juzgado", dijo Tellechea.

"No estoy de acuerdo con que se suelte a cualquiera. Hay que ver caso a caso", agregó.

El abogado penalista Juan Fagúndez se manifestó de acuerdo con todo lo que sea desactivar el hacinamiento de las cárceles. "Se puede tener un discurso de que hay mayor efectividad en la represión del delito, que es verdad. Pero eso genera un trabajo burocrático que hace que los expedientes de los delitos que ya fueron reprimidos se atrasen en las concesiones de los institutos liberatorios que se pueden pedir cuando hay sentencia", dijo.

El último censo carcelario, realizado en julio de este año por el Centro Nacional de Censo y Estadística Criminal del Instituto Nacional de Criminología (Inacri), muestra que en Uruguay hay 8.774 encarcelados. De la totalidad de internos, 2.998 son penados mientras que 5.776 son procesados. Es decir, aún no tienen condena.

En el 2005, cuando asumió el Frente Amplio el gobierno, había 7.007 reclusos, de los cuales 2.842 eran penados y 4.165 eran procesados sin condena, según el Inacri.

El comisionado parlamentario Álvaro Garcé señaló que, en los últimos años, el sistema carcelario crece a un promedio de más de 1.000 presos por año. "En este momento el sistema ya cuenta con 9.200 presos", dijo Garcé.

Para enfrentar el hacinamiento carcelario, el Ministerio del Interior espera que en breve estén listos los nuevos penales de Rivera y Punta de Rieles y las ampliaciones de Las Rosas (Maldonado), Comcar y Libertad. Estas edificaciones representarán unas 2.000 nuevas plazas.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) comenzaron el lunes 12 la visita anual de cárceles de la zona metropolitana, con el propósito de aplicar el instituto de la libertad anticipada por gracia.

El primer día los ministros Larrieux y Ruibal se presentaron en Cárcel Central donde concurrieron también reclusos del CNR y La Tablada. Desfilaron 29 internos de los que fueron liberados seis y dos casos pasaron a estudio de la Suprema Corte.

Ese día los ministros Gutiérrez y Van Rompaey estuvieron en la Cárcel de Mujeres (Cabildo). Desfilaron 26 presas y cinco obtuvieron la libertad.

Ayer, cuatro ministros visitaron el Comcar. Desfilaron 95 procesados de los cuales 33 fueron liberados. En dos casos se conmutó por prisión domiciliaria con salida laboral y una solicitud fue derivada para tratar en el acuerdo de ministros de la SCJ.

El martes 19 los ministros Larrieux, Ruibal, Gutiérrez y Van Rompaey visitarán el penal de Libertad. Revisarán los casos de 60 reclusos.