La agonía del referéndum

Alfonso Lessa

No fue una buena semana para los promotores de la derogación de la ley de caducidad, ahora por vía legislativa. Al pronunciamiento de varios especialistas citados por el Parlamento que consideraron como inconstitucional el proyecto, se sumó la noticia de que hay senadores frenteamplistas opuestos a la iniciativa, que contradice el resultado de los dos pronunciamientos populares, en 1989 y en 2009.

El senador Jorge Saravia fue quien cuestionó con más fuerza esta iniciativa, pero su postura no hizo más que dejar al descubierto los sentimientos contradictorios que existen entre legisladores del oficialismo: para comenzar, ni el propio presidente Mujica ni el vicepresidente Astori están entusiasmados. Más aun, luego del pronunciamiento de 2009, habían considerado que el tema estaba concluido.

Saravia puso el dedo en la llaga: dijo que los resultados de los pronunciamientos populares deben respetarse siempre y que no es posible aplaudirlos cuando son favorables y rechazarlos cuando el resultado es desfavorable para quienes los promueven.

Las polémicas política y jurídica están instaladas y dejan en el aire varias interrogantes, en un tema que va más allá de los legítimos reclamos de los familiares por conocer el destino de los desaparecidos. En primer lugar, hay quienes se preguntan incluso dentro del oficialismo qué habrá de pasar en el futuro con los recursos de referéndum y plebiscito. Parece claro que corren el riesgo de devaluarse frente a la amenaza latente de que sus resultados puedan ser desconocidos por la fuerza política que tenga mayoría parlamentaria. Habrá por lo tanto un antes y un después, en un tema que trasciende el delicado asunto puntual que motiva hoy la discusión: es decir, que el desconocimiento de los pronunciamientos realizados con 20 años de diferencia y en circunstancias políticas completamente distintas, puede herir de muerte a esos recursos populares. Como nunca antes, ahora los votantes podrán preguntarse legítimamente si su voluntad será respetada.

Este debate reinstala, de paso, viejas discusiones acerca de la validez de la "democracia formal", tantas veces denostada, hasta que un día desapareció con todos los efectos nefastos que le siguieron.

Pero además, estas nuevas circunstancias llevan a preguntarse por qué el oficialismo optó por no votar una norma como la que se propone hoy durante los cinco años anteriores y sí respaldó la convocatoria a una segunda consulta popular. ¿Para qué se consultó a la gente si luego no se la iba a escuchar? Tal vez se esperaba que la gente sacara las castañas del fuego. Parece claro que durante cinco años no hubo voluntad política para llevar adelante una norma como la que hoy se propone. Nada nuevo si se tienen en cuenta las peripecias de este tema en la propia izquierda: ya en 1997, un denuncia penal sobre el tema presentada por Rafael Michelini fue desechada por Gonzalo Fernández -reflejando entonces la postura del propio Vázquez- calificándola una "utopía jurídica".