Convocada por el arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, la Comisión Eclesial de Ética y Bioética se reunió ayer para evaluar la posibilidad de impugnar el decreto que obliga a mutualistas y hospitales públicos a asesorar a las mujeres que consulten en casos de embarazos no deseados.
La idea, establecida en el decreto que reglamenta la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, es rechazada por la Iglesia Católica, que tomó la iniciativa de recurrir el decreto al que considera "ilegal" y en contra de sus principios religiosos.
Fuentes de esa comisión dijeron a El País que ya se comenzó a trabajar "fuerte" en ese camino, pero evitaron profundizar. Aclararon que sus integrantes se manejarán en absoluta reserva hasta concluir el informe.
Lo que surja de la comisión será presentado a la dirección de la mutualista Círculo Católico, cuyos integrantes se han mostrado más abiertos en encontrar caminos que conduzcan a cumplir con la normativa en lugar de impugnarla.
Sin embrago, Cotugno es el presidente honorario de esa mutualista y señaló en un comunicado que a él le corresponde "velar para que la institución ajuste sus actos a los principios evangélicos y a los documentos del Magisterio de la Iglesia"
Cotugno sostiene que el ordenamiento jurídico ampara el derecho a la libertad religiosa.