PILAR BESADA
La nueva ley de radio y televisión planteará la participación de organizaciones sociales en la definición de contenidos y la existencia de plazos para renovar las licencias de los operadores. El sector privado dice que hay "sesgos" en la iniciativa.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que actualmente se discute en un Comité Técnico Consultivo que funciona en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio de Industria, plantea algunos "sesgos", según representantes privados.
El presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), Rafael Inchausti, que integra el comité que discute la nueva ley, señaló que los criterios que se han propuesto para el otorgamiento de licencias "sesgan la posibilidad de que algunos aspirantes puedan obtener el permiso". Por un lado, porque "quienes ya tienen un permiso no podrían aspirar o serían peor calificados que quienes no lo tienen", y por otro "porque se establecen parámetros como la prestación de servicios gratuitos a organizaciones sociales o la cantidad de contratación de mano de obra local, que hacen difícil que un aspirante con una propuesta diferente obtenga el permiso", comentó Inchausti.
La Dinatel y la mayoría de los miembros del consejo plantearon la necesidad de establecer un plazo en la concesión de licencias, en principio de 10 años. El representante de las empresas de TV cable del Interior, Horacio Rodríguez, se opuso a este principio, ya que señaló que un plazo de 10 años es muy corto para recuperar la inversión realizada. Por otra parte, señaló que, de aplicarse el plazo, deberían establecerse garantías para que su vencimiento y la renovación del permiso no se convirtieran en una forma de presión sobre la línea editorial del medio.
Para Rodríguez, un asunto "que no es de recibo" para los cableoperadores es el hecho de que para la nueva ley se considere a los servicios de televisión para abonados dentro de la categoría de radiodifusoras. Según esta visión, se considera de la misma forma a la explotación de las ondas radioeléctricas para radio y televisión, que son un bien común, y a la red de cable, "que es un bien privado de las empresas", afirmó.
Actualmente, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) elabora un documento con sus visiones de la ley que presentará al comité.
Monopolios. Otro interés de la ley es evitar la concentración de medios. Según Inchausti, para regular la concentración "alcanza con aplicar la ley de defensa de la competencia". En el comité, el titular de Andebu dijo que "no deben imponerse limitaciones arbitrarias que terminarían penalizando el éxito de una propuesta comunicacional que logre una porción significativa de audiencia".
En tanto, otros miembros del comité señalaron que la ley de defensa de la competencia no es suficiente para los medios, "pues se impondría un enfoque economicista que no logra dar cuenta de los aspectos sociales, culturales y sociales de los medios; que se trata de bienes y servicios que no pueden ser tratados como cualquier mercancía", según consta en las actas del comité.
Por otra parte, en el comité se planteó la posibilidad de que las empresas de medios no se rijan por el mismo derecho hereditario que otras empresas privadas, ya que se planteó que ante la muerte del propietario, una comisión analizaría si los herederos directos pueden recibir el derecho de propiedad.
Composición. El comité técnico está integrado por miembros convocados a título personal por el director de telecomunicaciones, Gustavo Gómez, aunque representan algún sector de los medios o de organizaciones sociales. El comité funcionará hasta fines de octubre cuando presentará un documento con los resultados de las discusiones. Luego, la Dinatel elaborará el proyecto de ley que ingresará al Parlamento a inicios de 2011. Para el texto se considerarán los puntos de consenso logrados en el comité.
Según la nueva ley, el espacio radioeléctrico se dividiría en partes iguales entre el sector público, el privado y el comunitario.
Comité multi- sectorial
Inchausti indicó que en el comité "hay pocos representantes del ámbito profesional" y hay varios del ámbito social. Además de los empresarios, el equipo tiene la participación de gremios, organizaciones sociales, la Udelar y la Universidad Católica. La agencia Voz y Vos participa pensando en "los medios de comunicación y la protección de los derechos de niños y adolescentes", dijo Paula Baleato, de esa agencia.