La ley que estafa

Javier García

Si estuviéramos ante un tema vinculado al respeto de los derechos humanos esta columna no tendría sentido. En el respeto de todos los derechos de las personas no le cedemos preocupación mayor que la nuestra a nadie, y en este caso cuando digo "nuestra" es la de todos los blancos. No somos los que nos opusimos desde el primer minuto al golpe de Estado quienes debemos dar prueba de defenderlos, sino más bien muchos que aplaudían hasta llagarse las manos los comunicados de los golpistas, quienes deben pasar por el confesionario.

Por eso parece increíble y además una enorme burla a todos los uruguayos que hace veintiún años votaron amarillo o verde y a todos los que hace once meses votaron nuevamente en plebiscito para mantener o eliminar la ley de Caducidad, el proyecto de ley que presentó el Frente Amplio declarando "inaplicable" la ley de Caducidad. Acá no hay tema alguno de derechos humanos en juego, ese tema está saldado por el funcionamiento pleno de todos los poderes del Estado, con la Justicia en primer lugar.

Lo único que ahora está en juego es si en Uruguay se respetan los resultados de las elecciones. Y si una mayoría legislativa da vuelta un resultado decidido por la soberanía popular el mismo día que fueron electos esos mismos representantes. Es decir si hay fraude político.

La opinión de cada uno de nosotros sobre la ley de Caducidad ya no importa. Desde el momento que se sometió dos veces al veredicto directo de la soberanía su legitimidad está saldada en "reiteración real", como ninguna otra ley en la historia del Uruguay. Si el referéndum de 1989 se efectuó con la dictadura en "caliente", para el 2009, veinte años después, la temperatura no era esa y el resultado fue su ratificación nuevamente. ¿Alguien puede sostener con mediana honestidad que hace once meses la gente votó como votó por miedo?

Basta leer la exposición de motivos del proyecto para verificar que todas las citas jurídicas que se hacen y sobre todo las referentes a los tratados internacionales que se mencionan son previas en muchos casos a 1989 y el resto anteriores al 2009. Quiere decir que esos tratados existían cuando el Frente impulsó los plebiscitos, sin embargo nunca se recorrió el camino que hoy se propone para eliminar la ley, ni a nadie de sus impulsores se les ocurrió presentar un proyecto para declarar ley "inaplicable". Si lo es hoy, lo debería haber sido también cuando el Dr. Vázquez aplicaba esa ley y marchaban presos militares violadores de derechos humanos.

Lo que se propone es en forma oblicua, excusada en una demanda internacional, derogar lo que la gente consciente y deliberadamente quiso mantener y guste o no, eso es estafar la democracia.

En el colmo de la soberbia política la exposición de motivos dice: "La norma proyectada, de ser sancionada tendría además un claro objetivo simbólico: restablecer plenamente la dignidad de la República ante el pueblo uruguayo y la comunidad internacional". La dignidad de la República la hieren quienes creen que su voz vale más que la del pueblo votando en libertad. Que se sepa aquí, y en "la comunidad internacional".