Antonio Mercader
A Danilo Astori lo desvela la mala calidad de la educación pública. Tuvo el mérito de decirlo antes de las elecciones y ahora vuelve al tema. Según él, hay un deterioro "indiscutible" en todas las ramas de la enseñanza, en particular en Secundaria. Su diagnóstico es correcto. ¿Su solución? Darle más injerencia al ministerio de Educación. "Si el ministerio no puede expresarse ni siquiera en los lineamientos de orientación ¿para qué lo tenemos?", pregunta.
Las palabras del vicepresidente de la República equivalen a una confesión de parte. Adentrado el sexto año de gobierno del Frente Amplio, Astori descubre que el ministerio de Educación incumple sus cometidos pues no logra trasmitir la orientación del gobierno y tampoco aporta "una visión nacional en materia educativa". Astori parece creer que el ministerio está impedido de hacerlo y que si lo intenta se arriesga a que lo acusen de violar la autonomía de la enseñanza.
No es así.
El ministerio está facultado para intervenir por la Constitución (artículo 202) que previó que "la ley dispondrá la coordinación de la enseñanza". Esa es la ley 13.971 creadora de la Comisión Coordinadora de la Enseñanza convocada y presidida por el ministro de Educación y que integran los jerarcas de todas las ramas. La Coordinadora podrá "propiciar las directivas generales de la política educacional" (artículo 6), es decir, los "lineamientos de orientación" reclamados por Astori.
También tiene competencia para hacer otras cosas como coordinar la relación entre los entes desde Primaria hasta la Universidad de la República. Puede también "emitir opinión sobre los recursos necesarios para la enseñanza y su distribución". Es decir, la Constitución y la ley lo habilitan para concretar la injerencia que pide Astori. Es en la Coordinadora en donde el ministro puede hacerse oír y brindar la "visión nacional", incluso en el espinoso tema presupuestal.
Que la opinión del ministro sea acatada por sus compañeros de la Coordinadora es otro cantar, sobre todo si provienen de partidos políticos distintos como ocurría antes del 2005. Pero ese no es el caso del Frente Amplio en una enseñanza de conducción monocolor en la administración Vázquez. Tampoco es el caso actual en un organigrama con delegados minoritarios de la oposición. Por tanto, si el ministerio desiste de inmiscuirse en el tema educativo es porque le falta voluntad para hacerlo.
En otros tiempos, y aun con notorios opositores en la Coordinadora, hubo ministerios que lo intentaron. A sus sesiones acudieron los gremios, las ONG, expertos en asuntos educativos y hasta un presidente de la República. De su seno salieron directivas y lineamientos que en ciertos casos -la educación en valores, por ejemplo- se plasmaron en medidas efectivamente aplicadas en la enseñanza.
En suma, el ministerio tiene el respaldo de la Constitución y la ley para intervenir tal como lo hizo en el pasado. Si no lo hace podrá denunciarse -como recuerda Astori- que el ministro de Educación "reina pero no gobierna". En cambio, si convoca puntualmente a la Comisión podrá afirmarse que, aparte de reinar, coordina.