Gitanos: Francia inmune a reclamos

PARÍS | Inmune a las críticas que le llueven desde todas las partes del mundo y ajeno a los gritos de las decenas de miles de franceses que el sábado salieron a la calle a manifestarse "contra el odio y la xenofobia", el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se propone seguir con su política de expulsión de gitanos rumanos. Al menos, va a procurarse los elementos legales que la agilicen.

Un comunicado del Elíseo, emitido ayer después de que se celebrara allí una reunión entre el presidente y los ministros de Inmigración e Interior, entre otros, anunciaba que el Gobierno propugnará una reforma de la Ley de Inmigración -que se debatirá a fines de mes en la Asamblea Nacional- para que se "facilite el traslado a la frontera de extranjeros en situación irregular".

El texto prosigue especificando que en esta reforma de la ley estarán incluidos "en determinadas circunstancias particulares, los extranjeros de la Unión Europea" y que podrán ser trasladados a la frontera "en caso de que se amenace el orden público, cuando se carezca, de modo duradero, de un modo de subsistencia o cuando se trate de un abuso del derecho a la libre circulación" de ciudadanos. El texto intenta calzar a la perfección con la situación de los inmigrantes gitanos procedentes de Rumania o de Bulgaria alojados en campamentos a las afueras de las grandes ciudades francesas.

El gobierno de Sarkozy, envuelto en su particular cruzada por la seguridad ciudadana y la lucha contra la inmigración ilegal, anunció también que podrán perder la nacionalidad aquellos franceses de origen extranjero que, en los diez primeros años tras adquirir este título, cometan un crimen "contra la vida de una autoridad pública, especialmente un policía o un gendarme".

El ministro del Interior, Brice Hortefeux, era partidario de extender la medida y aplicársela a los franceses de origen extranjero que practicaran la poligamia y que se aprovecharan de ello para arañar subvenciones y ayudas estatales. También se especuló con la posibilidad de retirar la nacionalidad a los menores condenados a prisión nacidos en Francia de padres no franceses. Estas medidas no prosperaron finalmente. EL PAÍS DE MADRID