Un gobierno invasivo

Todo gobierno tiene una característica que lo identifica. La del Frente Amplio es la de ser un gobierno invasivo de la privacidad de los habitantes, que ha logrado ya a través de una serie de medidas y pretende ampliar con otras que se anuncian. En ese sentido, debe recordarse la apertura de una página web de deudores bancarios habilitada por el Banco Central en la que se incluyeron inicialmente más de 540.000 nombres, con menciones a sus préstamos, la inclusión de quienes no están pagando y los titulares de tarjetas de crédito, todos ellos separados en categorías, según el riesgo de pago o la morosidad que registren, a la cual pueden acceder libremente desde cualquier interesado en otorgar un nuevo préstamo hasta un curioso que no tenga nada que hacer.

A ese batallón se incorporó con entusiasmo la Dirección Impositiva, con un afán que siempre se adelanta a decir que no es recaudatorio pero que igual le sirve para aumentar sus ingresos, manifestado a través de mecanismos tan primarios como el de interrogar a los porteros de los edificios ubicados en Punta del Este sobre qué apartamentos se encuentran arrendados; visitar a las empresas vendedoras de automóviles para interesarse sobre la comercialización de unidades costosas e incluso a las administradoras de propiedades para husmear sobre los adquirentes de nuevos apartamentos.

Ese temperamento se ha extendido a una reforma impositiva para reducir los límites del secreto bancario y la idea de crear un delegado presidencial en los departamentos, con lo que amplían sus tentáculos a toda la República, compensando de esa manera el resultado de las últimas elecciones, donde la ciudadanía los desalojó de cuatro intendencias, a las cuales quieren volver por la puerta de atrás con estos "generosos" delegados, doctorados en coordinación, que pretenden coordinar las actividades que los atrasados funcionarios locales no saben cumplir.

Para engrosar el ejército invasor, hasta el Banco de Previsión anuncia que sacará sus soldados a la calle, quienes, también con otro sacrosanto propósito -el de combatir la informalidad-, golpearán puerta por puerta e interrogarán sobre las condiciones del servicio doméstico.

Pero donde se ha desbordado el propósito es en la Presidencia de la República, creando, en la administración Vázquez, un cargo de Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, (que hace recordar a los Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética, uno de los cuales fue Trotsky y que aún se mantienen en Venezuela y Rumania); que dependerá directamente de Presidencia, a quien se le ha fijado un "marco normativo" en la administración Mujica, responsable de la provisión del cargo con un ex guerrillero del MLN que habría participado en la toma de Pando en el año 1969 y fuera uno de los 111 presos que se fugaron de la cárcel de Punta Carretas en el año 1971. En el "marco normativo" se comienza por precisar que se entiende por "inteligencia" el proceso sistemático de búsqueda, recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones a nivel gubernamental, facultándosele a requerir los apoyos y toda la información que posea el conjunto de organismos de Inteligencia del Estado, independientes entre sí, que ejecuten actividades específicas en la materia, a quienes se obliga a prestarle apoyo, con la candorosa salvedad de que en ningún caso significará la facultad de realizar tareas represivas, compulsivas, ni funciones de "investigación criminal", como si pudiera realizarlas en áreas no criminales, como las civiles, por ejemplo.

El diputado Javier García promovió un llamado a los ministros del Interior y de Defensa a la Comisión de Constitución de la Cámara, donde formuló una conceptuosa exposición a la que no aportaron mucho los convocados, pero que sirvió para saber que en el Poder Ejecutivo se está discutiendo un proyecto de ley para regular el tema en el futuro, al cual, si correspondiera, el Parlamento deberá imponer los límites que sean necesarios, de los cuales hoy se carece.