Burocracia de elite

Uruguay no es Rusia, Canadá o Brasil. Tiene una superficie territorial de 176 mil kilómetros cuadrados y una población que no llega a los tres millones y medio de habitantes. Tampoco es alguno de los Emiratos Árabes que nadan en petróleo y disfrutan de enormes cantidades de dinero para inventar en qué gastarlo. Nuestras cifras son bastante exiguas, al punto que cualquiera pensaría que es un país de fácil administración, más con los modernos sistemas de comunicación que llegan prácticamente a todos los rincones del país, como los celulares -cada vez con mayores opciones de servicios- e Internet. Pero no. A partir del capricho del entonces presidente Vázquez, que en forma insólita y absurda respaldó el Parlamento, se empezaron a multiplicar los funcionarios asignados a la gestión departamental, una tendencia que se ha incrementado en estos pocos meses de Mujica y que se encuentra reforzada por aspiraciones similares del ministro de Transporte y Obras Públicas.

Veamos: en cada departamento hay un Intendente y una Junta Departamental de 31 miembros de acuerdo a la Constitución de la República. Los ediles son los únicos funcionarios públicos que tienen carácter honorario, aunque las comunas y ellos mismos se encargan de reparar esta inequidad. Cada Intendencia cuenta con un Secretario General y varios Directores Generales (y subdirectores) de distintos servicios (Hacienda, Obras, Cultura, Promoción, etc.). Una suerte de ministros municipales. Cada departamento tiene por lo menos dos representantes nacionales (diputados) y, desde este año, hay 89 alcaldes diseminados por el país.

Ahora el presidente Mujica ha resuelto que cada Intendencia tenga un delegado o comisario municipal para "coordinar" las políticas con el Poder Ejecutivo. También el ministro de Transporte y Obras Públicas aspira a tener su delegado para "coordinar" todo lo referente a aspectos vinculados con su Cartera. Cada uno de estos nuevos delegados presidenciales o ministeriales tendrá, con toda probabilidad, su oficina, su auto, su teléfono, su celular y, por lo menos, un secretario.

¡Ah! Y está el Congreso de Intendentes, donde los jerarcas se reúnen periódicamente para conversar y resolver temas comunes.

¿Es necesario todo esto? ¿No alcanzaba con la organización municipal que rigió hasta el año 2009 y hay que agregar este pesado listado de nuevos funcionarios rentados (y bastante bien rentados) para que marchen las Intendencias? ¿Ninguno de todos los nombrados puede llevar a cabo la "coordinación" con el Ejecutivo? Da la impresión de que hay una acumulación de personas para las mismas tareas o que se podrían realizar sin necesidad de otros cargos. A un promedio de $ 50.000 per cápita, ¿cuánto dinero significa esto? Son 89 alcaldes, más 18 delegados presidenciales, más 18 ministeriales; total 125. Por $ 50.000 da $ 6.250.000 o sea US$ 300.000 por mes. En un año US$ 3.600.000 ¿Cuántas viviendas se podrían construir con esa suma, que está estimada en forma muy limitada y no alcanza a los otros gastos?

Lo peor es que el tema de esta superabundancia de cargos "jerárquicos" no se limita a la materia municipal, sino que el gobierno está dispuesto a aplicar el mismo criterio a nivel nacional. Al 31 de diciembre existían 132 cargos de particular confianza. El nuevo Presupuesto prevé elevarlos en 63, incluidos los delegados ministeriales en las comunas, por lo que a la hora de calcular el costo económico los excluiremos. Nos quedan 45 nuevos cargos. A $ 50.000 -¡y vaya si somos amarretes!- son $ 2.250.000 o sea unos US$ 100.000 por mes. En un año US$ 1.200.000. Es decir, que la burocracia de elite que se crea en lo que va del 2010 alcanza la suma de US$ 4.800.000 por año.

Por suerte que a este país no le sobra el dinero, porque si así fuera ya sabríamos en qué se gastaría. Más cargos, más sueldos, más burocracia, más superposición de funciones y más gastos improductivos para satisfacer el clientelismo político y el control del Estado en las actividades de los ciudadanos.

Como muestra del progresismo participativo, alcanza y sobra.