Investigadora del FA resolverá en 30 días

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EDUARDO BARRENECHE

Un plazo de 30 días se otorgó la comisión investigadora del Frente Amplio que analizará si "hubo o no responsabilidades políticas" de Gonzalo Fernández o de legisladores izquierdistas en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230.

"Nos interesa la ética y el honor de los compañeros involucrados en el tema. Nuestra intención no es analizar la parte jurídica, que la tenemos clara. Nuestra intención es aclarar la parte ética y moral de los frenteamplistas involucrados", dijo a El País Alejandro Arismendi, representante por las Bases del interior en la comisión investigadora de la Mesa Política.

El lunes 23, una hora después que el presidente José Mujica concurriera al domicilio de Fernández y de su pareja, Cecilia Salom, para brindarle su apoyo, la Mesa Política resolvió crear una Comisión Especial para analizar una eventual implicancia del ex secretario de la Presidencia en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230.

Los hermanos Peirano habían sido procesados el 8 de agosto de 2002 por asociación para delinquir y por el artículo 76 de la Ley 2.230 (quiebra fraudulenta). Al derogarse este artículo un tribunal de Apelaciones clausuró la causa.

Según fuentes gubernamentales, con su visita a Fernández, Mujica pretendió alejar posibles críticas internas acerca de que le está atacando "por elevación" a Tabaré Vázquez y también "dejar en claro que no hace prejuzgamiento" sobre la conducta del ex canciller.

El mismo lunes 23, tras cuatro horas de debate, la Mesa Política definió la creación de una Comisión Especial para analizar el proceso legislativo que derogó el artículo 76 de la ley 2.230. Todos los dirigentes del Frente consultados se apresuraron a aclarar que no se trataba de una comisión investigadora y advirtieron que la misma no estaba relacionada con Gonzalo Fernández, aunque será citado.

La comisión es dirigida por el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto. Y la conforman sólo aquellos grupos que tienen representación en la Mesa Política. Sus integrantes son: Eduardo "Lalo" Fernández (Partido Socialista), Victorio Cazartelli (Partido Comunista), Óscar Groba (Espacio 609), Julio Pérez (Lista 738), Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), Daniel Bentancor (Vertiente Artiguista), Francisco Chávez (Corriente de Izquierda) y Carlos Calvo (Nuevo Espacio). Por las bases concurren Miriam Machado (Montevideo), Gustavo González (Canelones) y Arismendi.

En su primera sesión, los integrantes de la Comisión Especial intercambiaron información sobre el funcionamiento de la misma y debatieron sobre los nombres de los dirigentes que serán citados en los próximos días. "En la Comisión queremos saber si hubo o no responsabilidades políticas de frenteamplistas en el proceso de derogación del artículo 76 de la ley 2.230", dijo Arismendi.

Según el representante de las Bases del FA, la intención de la comisión es llegar a una resolución antes de los 30 días.

"No queremos superponernos con la tarea de la comisión investigadora del Parlamento", explicó.

El próximo miércoles, el Senado aprobará una investigadora sobre el caso.

El lunes 23, el senador de Vamos Uruguay, Ope Pasquet solicitó que el Parlamento analice si hubo o no ilegalidades en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230. Esta comisión tendrá dos meses para actuar.

CITACIONES. La Comisión del FA se reunirá por segunda vez el próximo lunes.

Es probable que en esa oportunidad ya decida citar a Fernández y a los legisladores frenteamplistas que propiciaron la derogación del artículo 76 de la ley 2.230.

El 15 de octubre de 2008, el Senado aprobó la ley 18.411, que pone en vigencia la nueva ley concursal en 10 días (y no en 180 como establecía la norma original) y derogó, además, el artículo 76 de la ley 2.230. El proyecto fue presentado por los senadores Margarita Percovich y Rafael Michelini (FA), Sergio Abreu (PN) e Isaac Alfie (PC).

Fernández fue indicado por el senador Abreu como el "autor intelectual" de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que habilitó la clausura del expediente por el que fueron procesados los hermanos Peirano Basso.

Además fue cuestionado desde filas frenteamplistas y de la oposición por no informar al Parlamento y al Partido Socialista sobre que, junto a su pareja Cecilia Salom, defendían a uno de los implicados en la causa penal vinculadas con los Peirano, en el momento en que fue votada la derogación que trajo como resultado la clausura del expediente judicial.

El diputado del MPP, Álvaro Vega dijo que sentía "desazón" por enterarse de que Fernández y Salom asumieron la defensa de un ex director del Banco de Montevideo.

El dirigente socialista, Guillermo Chifflet dijo a El País: "se trata de acciones que no son ilegales. Sin embargo, estas tienen implicancias éticas, sobre todo en el Partido Socialista".

Cecilia Salom dijo que en los últimos años estuvo a cargo del estudio de su pareja Gonzalo Fernández y que en 2008 a su esposo "se le pasó absolutamente inadvertido" informar a los legisladores blancos Sergio Abreu y Álvaro Lorenzo de que ella defendía al ex director del Banco de Montevideo Domingo Ratti. "Se olvidó lisa y llanamente", dijo. "No advierto ninguna conducta cuestionable desde el punto de vista ético; tampoco desde el profesional, ni de mi parte ni del doctor Gonzalo Fernández, que ha estado absolutamente ajeno al transcurrir de este proceso por razones funcionales, porque estaba trabajando en otros temas", agregó.