Gobierno argentino profundiza su enfrentamiento con Clarín y La Nación

El informe sostiene que los apropiadores de la empresa, en la que el Estado sigue siendo socio minoritario, "recurrieron a una variedad de delitos de lesa humanidad" contra los propietarios anteriores, la familia Graiver.

"Espero que la democracia argentina pase esta verdadera prueba del ácido", afirmó la presidente Cristina Fernández, durante la presentación del informe, en referencia a la previsible reacción de los diarios dueños de Papel Prensa.

La presidenta afirmó que con la complicidad de la dictadura en 1976 "se produce el apoderamiento de la empresa" que hasta entonces poseía el banquero David Graiver, fallecido ese año en un extraño accidente de aviación en México.

Cristina Fernández aseguró que la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, fue forzada a vender sus acciones por la dictadura que la secuestró, torturó y violó en un campo clandestino de detención.

Fernández anunció que enviará un proyecto al Congreso que declare de "interés público" la producción de papel para diario en el país que ahora es "producido monopólicamente por una sola empresa".

El proyecto de ley incluirá regulaciones que garanticen la producción nacional y la distribución equitativa entre todos los diarios de Argentina, anticipó la presidenta.

El informe fue presentado durante un acto en la Casa de Gobierno compartido por el ex presidente y secretario de Unasur, Néstor Kirchner, gobernadores, diputados y figuras de la cultura y empresarios.

La presidenta recurrió a la cadena nacional de radio y televisión, práctica escasamente utilizada en el país, para dar detalles del informe, en el que son inculpados propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

Antes de la presentación del informe, Clarín y La Nación publicaron por la mañana notas en las que acusan al gobierno de "construir" una historia sobre la empresa para atacarlos como medios "independientes".

El informe que ahora será girado a la justicia incluye denuncias de ex directivos de otros diarios, como Ambito Financiero, que se declararon perjudicados por el control del papel para diarios en manos de sus competidores.

La representante del Estado en el directorio de Papel Prensa, Beatriz Paglieri, afirmó que los accionistas privados recurren a "prácticas oscurantistas y con vicios de ilegalidad como algo habitual".

Los diarios Clarín y La Nación, principales accionistas privados de la empresa Papel Prensa, se anticiparon al informe publicando hoy un comunicado en que aseguraron que el gobierno argentino realiza "una falaz investigación" para "apoderarse" de la compañía a través de acusaciones sobre derechos humanos y delitos de lesa humanidad que, dijeron, resultan inconcebibles "hasta en las especulaciones más maquiavélicas".

"El objetivo para la cúpula del poder es obvio: una nueva manera de ir contra la prensa independiente, en este caso a través del control de su insumo básico y del intento de criminalizar a los principales diarios del país", dijeron los periódicos en una nota conjunta publicada hoy en su portada por ambos diarios, enfrentados con el gobierno.

El gobierno, a su vez, explicó que "la opinión pública se ha visto sacudida por enfoques polémicos sobre la conformación del capital accionario de dicha empresa, debatiéndose cuestiones de extrema gravedad que exceden el ámbito societario, abordando aspectos inherentes a las violaciones de derechos humanos producidas durante la última dictadura".

"Lo que hemos hecho es una recopilación de los hechos históricos. Hubo una apropiación por parte de los tres diarios, en complicidad con la dictadura militar", acusó hoy el director de Papel Prensa por parte del Estado, Pablo Cerioli.

El representante del Estado en la sociedad que comercializa papel a los diarios de todo el país afirmó hoy que la venta irregular de la compañía fue posible por "un acuerdo cívico militar para apropiarse de la empresa" y celebró que "conocer la verdad permita arribar a un Nunca Más de los civiles" que participaron del golpe militar del 1976.

ANSA

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