Suena bien III

IGNACIO DE POSADAS

Mantengo el título para recordar al lector los dos artículos anteriores sobre el proyecto de Ley que cambia el criterio tributario de territorialidad y erosiona (nuevamente) el derecho a la intimidad. Pero en este me referiré también a lo que ni siquiera suena bien del proyecto. Mejor dicho, a lo que suena pésimamente mal.

Primero, las últimas consideraciones acerca de la fachada de bondad (y popularidad) con que se busca recubrir las medidas.

Dos cosas "bondadosas" (entre otras), dice el gobierno:

1) Que no quiere el proyecto para recaudar más, (presumiblemente porque no necesita más recursos, y/o porque no quiere gastar más, y/o porque no quiere aumentar todavía más la carga tributaria) y,

2) Que quiere modificar el criterio tributario exclusivamente por razones de equidad: porque a su juicio el país vive una situación imposta en la que algunos pagan más impuestos que otros, en función del territorio donde radiquen sus ahorros.

No me van a decir que ambas cosas no suenan bien. ¿Quién puede oponerse a ellas? ¿Quién?

Pues, cualquiera que sea medianamente lúcido y le ponga un cachito de pienso al tema:

1) Si vas a ampliar el alcance de un impuesto (en este caso el IRPF) y afirmas que no quieres recaudar más, o estás suponiendo que nadie lo va a pagar (y por ende es una medida que manosea la autoridad de la ley), o sos un farolero. No digo que tal sea el espíritu del gobierno, sino que está equivocado. O dañará el principio de autoridad, creando a sabiendas una ley que nadie cumplirá o es falso que no recaudará más (y por ende sí aumentará el peso tributario y el gasto público).

2) Desnudar la primer protesta de bondad lleva a pinchar el globo de la segunda: si efectivamente existe una situación de iniquidad ante las cargas públicas, cabe preguntarse quién la creó. ¿Quién es culpable de la injusticia que hoy agrede la sensibilidad y los sentimientos del gobierno y lo lleva a modificar una añeja norma?

Si no se reflexiona un poco frente a estas protestas, uno puede caer en la simpleza de sentirse impresionado por su fino sentido de la justicia. Pero resulta que la tan mentada situación de iniquidad no es causada por el neoliberalismo imperialista del FMI o quien sabe qué. No. Es una situación creada por el propio gobierno que hoy se rasga las vestiduras ante ella.

Es parte de la realidad fabricada en la llamada Reforma Tributaria, con la creación del IRPF. Con lo cual podemos cerrar el círculo diciendo que si realmente le duele la injusticia que creó y no quiere sacarle más plata a la sociedad, lo justo y honesto es sacar impuestos y no crear otros.

Por otra parte, el sistema tributario abunda en iniquidades (activos y rentas gravados diferencialmente o directamente no gravados), ninguna de las cuales parece herir el sentido de justicia del gobierno. Más aún, con el proyecto de marras el Uruguay pasaría a ser el único país en el mundo que ¡discrimina en contra de sus nacionales!

Pasemos ahora a aquello del proyecto que ni siquiera suena bien.

Una lectura del articulado por alguien deseoso de saber a qué debería atenerse en caso de ser aprobado, produce confusión y temor (y su estudio, agudas jaquecas). La mayoría de los textos son un galimatías incomprensible y no sólo para lectores sin formación en la materia.

La construcción de las oraciones y el uso -ex profeso- de referencias a otros textos (nunca válidas en sí, sino retorcidas por sucesivas modificaciones, siempre parciales), produce un efecto que es, a la vez, el deseado por sus redactores y el repudiado por todos los estudiosos del derecho.

La redacción Kafkiana de normas tributarias ni es un mal necesario, ni ocurre por falta de capacidad en sus autores. Es hecho a propósito, para alcanzar el doble objetivo de poner al administrado en una situación de inseguridad frente al Fisco y de reforzar para un grupo de personas el carácter de brujos de la tribu, únicos titulares del esoterismo tributario.

Cómo será la cosa, que los propios Senadores de la Comisión que deben estudiar el proyecto, le pidieron al Ministro que les mande un traductor (le llaman asesor), para que les diga ¡qué contienen los textos!

Eso viola lo más profundo del sentido de la ley y uno de los derechos más elementales del ser humano: la ley, toda ley, debe, antes que nada, ser clara. Marca el ámbito de la libertad del individuo, ámbito sagrado que no puede ni debe ser vulnerado oblicuamente usando el subterfugio de hacer confusos o inentendibles sus contornos.

No hay mayor injusticia que la de una ley oscura, que coloca al ciudadano en la inseguridad y el temor.

Hasta las leyes prohibitivas y condenatorias tienen que ser entendibles y no por gurús esotéricos, sino por las personas a quienes afecta.

Nadie, fuera de los pergeñadores de los textos y de especialistas, duchos en interpretar galimatías tributarias puede entender qué imposiciones les está creando el proyecto.

Eso solo es suficiente para invalidarlo. Una ley es una cosa; una trampa es algo muy distinto.