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El Banco Mundial cree que Uruguay debe elevar su tasa de inversión al menos al 23% del Producto Interno Bruto para mantener los niveles de crecimiento y que el gobierno debe usar el tope de endeudamiento como regla fiscal para ahorrar.

El organismo internacional, que maneja una posible asistencia financiera por US$ 700 millones para el gobierno uruguayo, considera que si se quieren mantener las altas tasas de crecimiento de los últimos años -para así asemejarse a los países de la OCDE- las autoridades deben elevar los flujos de inversión de 18%-19% del PIB al 23%-25%.

En 2009 la inversión pública sumada a la de los privados representó el 19,1% del PIB, esto es unos US$ 5.555 millones, según cálculos de El País.

Parte de esta inversión es clave que se canalice en infraestructura por fuera de los esfuerzos en reducir la pobreza y la inequidad que se deben concretar, según el Banco Mundial. Estos lineamientos están contenidos en un documento entregado al gobierno titulado "Uruguay, Notas de Política, Desafíos y Oportunidades 2010-2015" al que accedió El País, en el que el organismo establece cinco áreas de acción prioritarias: educación, protección social, infraestructura, vulnerabilidades frente a los shocks externos y reforma el sector público.

En este sentido plantea que para concretar los planes que impulsen la economía es necesario, en el corto plazo, consolidar el escenario macroeconómico. Esto incluye reducir el peso de la deuda para liberar recursos que permitan aplicar una política fiscal "anti cíclica" y utilizar la ley de tope de endeudamiento como regla fiscal para "generar ahorros fiscales en tiempos de auge para ser utilizados en recesiones".

Tampoco descarta el "explorar opciones de préstamos externos en pesos" ante las necesidades de financiamiento que si bien son "considerables", son "manejables", o el desarrollo del mercado de capitales para captar fondos locales.

DÉFICIT. Dentro de la infraestructura las necesidades, según el Banco Mundial son múltiples: "desde mantener caminos y restaurar los ferrocarriles, hasta asegurar el suministro de electricidad, expandir la cobertura de alcantarillado y continuar el desarrollo espectacular que tuvo el puerto".

Una estimación "conservadora" de las inversiones necesarias para mantener la base de la infraestructura en telecomunicaciones, electricidad, agua y saneamiento se sitúa en el 3% del PIB, mientras que "se necesitaría el 5% del PIB para alcanzar metas más amplias de acceso universal en el mediano plazo", sostiene el organismo.

Por lo pronto, agrega que solo en telecomunicaciones, expandir la cobertura, mejorar las redes e incorporar nueva tecnología requeriría inversiones sostenidas del orden del 0,6% del PIB. En electricidad mantener la infraestructura demanda 1% del PIB y aumentarla demandaría 1,6%. En agua y saneamiento se necesitaría una "inversión sostenida de unos US$ 700 millones por año (alrededor de 0,24% del PIB) para universalizar el acceso a servicios de saneamiento, elevar el porcentaje de aguas residuales tratadas, reducir los altos niveles de pérdida de agua y aumentar la eficiencia operativa de OSE", según el documento.

El informe subraya la necesidad del país de intensificar los esfuerzos para asegurar el suministro energético a un costo razonable como clave para atraer inversores y garantizar la expansión. Además sostiene que "superar el cuello de botella del transporte es crítico para la expansión del comercio y del sector forestal".

Para el Banco Mundial "una mejor facilitación del comercio mediante servicios logísticos a bajo costo promoverán el desarrollo de un polo regional centrado en el puerto de Montevideo". Partiendo de la base de que la expansión de la infraestructura se encontrará con el escollo de la falta de financiamiento, el organismo recomienda explorar la búsqueda de fondos "a través de asociaciones público-privadas".

La agenda de reformas del sector público es extensa pero el Banco resalta como clave la aduanera, la modernización de los sistemas de gestión financiera integrada, de las compras públicas y del sistema estadístico nacional. Pero también plantea reformas en otras áreas.

SOCIAL. Para disminuir la pobreza las recomendaciones pasan por "mejorar el manejo del sistema de asignaciones familiares, expandiendo su cobertura y, al mismo tiempo fomentando la educación de los niños mediante un mejor control del requisito de asistencia escolar aunque sin excluir el beneficio a aquellos que no cumplan con el requisito".

A esto se le suman esfuerzos para reducir la repetición y el abandono de los alumnos de nivel socio económico más bajo e incrementar la inversión en telecomunicaciones si la extrensión del Plan Ceibal a la educación secundaria da buenos resultados.

Es que a nivel educativo el Banco Mundial entiende que si bien Uruguay "tiene adecuados niveles en términos de años promedio de educación" los alumnos "saben comparativamente poco a nivel internacional y presentan una alta inequidad en los resultados". (Ver A11). Dentro de la protección social se resalta la posibilidad de implementar sistemas alternativos al seguro de desempleo que es "poco eficaz", tales como la "contraprestación laboral" donde el desempleado realiza trabajos de interés público a cambio de un salario básico.

La innovación, capacitación y el desarrollo de los sectores productivos también tienen un papel central en los planes del Banco Mundial para garantizar el crecimiento.

Para el Banco Mundial uno de los "debes" más repetidos entre las empresas públicas es la escasa eficiencia de la fuerza laboral comparada con la región.

Según el documento del organismo el desafío más importante para Antel es "mejorar la eficiencia de su fuerza laboral" tomando en cuenta que tiene 661 abonados fijos y móviles por empleado comparado con 1.929 en Argentina y 1.311 en Chile. En el caso de UTE las pérdidas comerciales y en distribución constituyen "el principal desafío en términos de eficiencia", para el Banco Mundial. La OSE tiene desafíos en el agua no facturada, en los niveles de cobranza "sub-óptimos" y en la eficiencia laboral. En este último caso plantea que existen 4,1 empleados cada 1.000 conexiones, cifra superior a la mejor práctica de la industria que se ubica en 0,4 o 2 empleados cada 1.000 conexiones.

En cuanto a tarifas, platea que las de telefonía fija y agua "son altas según estándares regionales" mientras que las de electricidad "son inferiores a los otros países de la región" con excepción de Argentina, Venezuela y Paraguay. Las de saneamiento "son inferiores a las de agua" si bien el servicio es más costoso de proveer y hoy atiende a un grupo "más pudiente".