No informaron a Uruguay sobre represa en Corrientes

El canciller argentino Héctor Timerman y los asambleístas de Gualeguaychú denunciaron como una "amenaza" al medio ambiente y al río Uruguay un proyecto de represa para una empresa arrocera en Corrientes no informado a Uruguay.

El portal Tiempo Argentino dijo el lunes en base a documentos reservados a los que accedió que se trata de un proyecto que se mantuvo en secreto por el conflicto por UPM (ex Botnia)

"Atención: uno de los dueños de Clarín es una amenaza para el medioambiente en Corrientes y el río Uruguay», dijo Timerman el lunes en Twitter, divulgando el link al informe de Tiempo Argentino.

El informe da cuenta de un proyecto en Corrientes de represar del arroyo Ayuí Grande, tributario del Uruguay a través del río Miriñay, para anegar 8.000 hectáreas destinadas a regar 18.000 hectáreas de arroz de un emprendimiento entre la empresa Copra S.A. del vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y Adecoagro del millonario húngaro George Soros.

Fuentes oficiales uruguayas confirmaron a El País que en Caru no hay información sobre este emprendimiento ni certeza si la desembocadura del Miriñay está en la jurisdicción uruguaya o brasileña. Este río desemboca al norte de Puerto Ceibo, la terminal de Montecaseros, ciudad que se emplaza frente a Bella Unión, Artigas.

Por su parte, el portal Corrientesaldía informó ayer: "Uno de los fundadores de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y titular de la ONG Fundavida, Edgardo Moreira, afirmó que el anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí `es un crimen ambiental porque un río no puede ser represado por un particular para sembrar arroz`".

En tanto, el ambientalista Gustavo Rivollier dijo en Radio Máxima de Entre Ríos que "lo que está en juego es el impacto ambiental, porque los estudios no son claros". Agregó que "hay que evitar cualquier confrontación y mucho menos caer en la violación al Estatuto del Río Uruguay" que fue lo que denunció Argentina por la planta de Botnia.

Cuestión de Estado. Tiempo Argentino informó el lunes que la obra puede afectar al río Uruguay y no se presentó a consideración de Uruguay en el marco de la Comisión Administradora del Río de acuerdo a lo que establece el Estatuto binacional sobre el curso de agua.

Según el portal argentino, "la construcción de la represa Ayuí Grande es, desde septiembre de 2008, una verdadera cuestión de Estado para la Argentina" y además "secreta".

Agregó que accedió a "varias cartas y notas internas que intercambiaron altos funcionarios de la Cancillería argentina; de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; y de la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Dacaru)" entre el 3 de septiembre de 2008 y el 16 de febrero de este año, en pleno conflicto por la planta de UPM (ex Botnia) ante el Tribunal Internacional de La Haya.

"Lo que evaluaron los organismos del Estado Nacional era que la construcción del emprendimiento arrocero (…), podía contaminar el Arroyo Ayuí, cuyas aguas desembocan finalmente en el Río Uruguay", se indica.

La represa de Copra y Adecoagro, "se empezará a concretar el mes que viene" y "esa construcción equivale a privatizar el Arroyo Ayuí", se señaló. El portal cita una carta del 3 de septiembre de 2008, de la Dacaru que lleva el número 189/2008: "Siendo que el Arroyo Ayuí desemboca en el Río Miriñay, que constituye uno de los principales efluentes del Río Uruguay, debe inferirse que el aporte de nutrientes llegará a este último. Si partimos de la base que el embalse de Salto Grande presenta un alto grado de eutrofización, ese aporte agravaría este estado."

Los representantes argentinos en la Caru señalaron que a este emprendimiento "podrían resultarle de aplicación" los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 que establecen que "la parte que proyecte cualquier tipo de obra u aprovechamiento de las aguas del río, que pueda llegar a tener entidad suficiente para afectar la calidad de las mismas, deberá comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru)".

La misiva agrega: "Esta delegación argentina considera conveniente una comunicación directa con las autoridades competentes en la materia de la provincia de Corrientes, requiriendo la confirmación del proyecto o no y, en su caso, detalles técnicos de la obra".

El informe agrega que la representante legal de la Cancillería argentina ante La Haya, Susana Ruiz Cerutti, dispuso que cualquier información se remitiera a la delegación argentina en la Caru pero no al organismo como tal para que todo quede en "manos argentinas".

El 18 de enero de 2010, Ruiz Cerruti advirtió sobre "el efecto negativo que podría tener en la Argentina que se autorice una obra tal en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda invocada por la República Argentina, entre otros méritos por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uruguay".

La funcionaria pidió nuevos informes al nuevo gobernador Horacio Colombi para "determinar si el Proyecto es susceptible de producir efectos en el ecosistema del Río Uruguay y consecuentemente si corresponde o no someterlo a la Caru". Y agregó: "resulta necesario que no se proceda a autorizar la realización de las obras proyectadas ni el inicio de las mismas hasta tanto se concluya si el Proyecto debe ser sometido a la Caru".

"El conflicto todavía no está resuelto"

Los dirigentes de la Asamblea de Gualeguaychú convocaron ayer a la prensa para advertir que el conflicto sigue abierto. La "tregua" del levantamiento del corte vence el jueves 19 y hoy habrá una reunión para decidir la fecha de la asamblea ampliada para tomar decisiones. El abogado de los ambientalista Luis Leissa criticó al gobierno argentino y en especial al canciller Héctor Timerman, que dan por resuelto el conflicto con Uruguay. "El problema subsiste, Botnia sigue contaminando", afirmó Leissa.

También se cuestionó que el gobierno siga adelante con las querellas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. "Hay una estrategia judicial para que nos callemos la boca, para que la Asamblea se torne mansa", dijo el abogado Oscar Fernández. También se quejaron de desconocer qué controles se realizarán en la planta de UPM.