Por sentido común

RODOLFO SIENRA ROOSEN

Al grado de peligrosidad a que llegó la vida e integridad física de los uruguayos corresponde que en una escala de valores lógica la seguridad sea el tema prioritario, que afecta dos de los derechos individuales de mayor jerarquía que consagra la Constitución: el derecho a la vida y a la libertad. El derecho al trabajo, a la salud, a la educación, y aún a la propiedad, están subordinados al derecho a vivir seguros, en otras palabras, al derecho a vivir en una civilización en donde no impere la ley de la selva, como está sucediendo.

No hay tema más importante que éste, sobre todo para aquellos que cuentan con menos recursos para protegerse, lo que va desde la tenencia de un arma -autorizada, claro está- a alarmizar con los medios más sofisticados su domicilio.

Días atrás (www.concertacionciudadana.org) el ex ministro del Interior Esc. Guillermo Stirling, expuso una suerte de plan maestro para llevar adelante en este tema que conoce muy bien por su desempeño en el cargo, en el cual, con demostrar dedicación y voluntad de servicio, a falta de rubros presupuestales, se ganó la confianza de la gente. Planteó cinco medidas, que Maggi en su página del 8 de agosto, desarrolló con su habitual sentido común.

Se sabe que el 80% de las rapiñas -delitos que suponen el ejercicio de la violencia física sobre las personas, que puede degenerar en homicidio o en lesiones graves- las cometen menores de 18 años. Entonces en lo primero que hay que pensar es adónde se les aloja. No es cuestión de combatir el plan de descongestionamiento de cárceles para dar la libertad a miles de presos, o llevarlos a cuarteles. Así será peor la enmienda que el soneto.

Y esperar para hacerlo al medir la reacción de la gente, revela una inadmisible improvisación. Hay que construir reformatorios, no cárceles, con pabellones separados por edad y por sexo, y aplicar un tratamiento a cargo de especialistas, médicos, psicólogos, criminólogos, que aporten una reinserción social adecuada.

En cuanto a la imputabilidad, personalmente, creemos que lo que debe definir la capacidad para delinquir -que de eso se trata- no es la edad sino el índice de peligrosidad del sujeto, y ello se debe medir técnicamente. Que costará dinero no hay duda. Pues bien, es el momento para que la oposición en su conjunto, concierte un proyecto, le ponga precio, y le diga al gobierno muy bien, si quieren solucionar el problema, ahí tienen lo que se debe hacer y lo que cuesta. ¡Hay que adelantarse y tomar la iniciativa, no esperar a que nos marquen la cancha! Este gobierno tiene recursos, el asunto es redistribuirlos bien.

También hay que derogar esa barbaridad legal que obliga a archivar los antecedentes criminales de un delincuente en su cumpleaños de 18. Y luego atender a lo demás, droga y posibilidad de allanamientos de domicilio nocturnos en presencia del juez.

Con voluntad política, se hace. ¿No puede entenderse ni en esto los partidos de oposición, ni por dentro ni entre sí?