Critican tiempos del Estado para aprobar obras

El presidente del Grupo Christophersen, Jorge Fernández, criticó ayer las demoras que usualmente tiene el Estado para aprobar las inversiones de los privados, y discrepó con el titular de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, en que los privados "no corren riesgos" cuando invierten en contraposición con la situación del Estado.

En la mesa de intercambio Infraestructura y Logística en el marco del Foro de Integración Uruguay-Brasil, el CEO de Christophersen en Uruguay -empresa que desarrolla varias inversiones en infraestructura portuaria en el país- cuestionó la lentitud de las distintas reparticiones del gobierno para habilitar la concreción de nuevos proyectos de infraestructura y logística. Citó como ejemplo la habilitación para la construcción de una terminal granelera en el puerto de Montevideo cuyos permisos le insumieron seis años. "Es un tema para analizarlo (...) porque es muy difícil contestar a desafíos comerciales cuando una obra demanda seis años", rechazó. Agregó que en Uruguay se da un caso paradójico porque en los últimos años ha sido el aumento de la producción el que impulsó las obras de infraestructura y no a la inversa. En el caso de los granos, la logística portuaria de Montevideo es la misma que hace 20 años, recordó.

Por otro lado, Fernández rechazó un comentario que en la disertación anterior había formulado el presidente de la ANP, Alberto Díaz, quien expresó que es el Estado el que corre con los mayores "riesgos a la hora de hacer obras de infraestructura. "Los privados tienen la certeza de los contratos", comentó. Sin embargo, para el ejecutivo de Christophersen "hay muchos ejemplos donde los privados toman riesgos" como el caso de la minera Aratirí. "La diferencia es que los errores los paga el propio privado, mientras que el Estado es él mismo y no los funcionarios que se equivocan", remató.

Inalog. La Cámara de Diputados votó ayer por unanimidad la creación del Instituto Nacional de Logística (Inalog). Se trata de una entidad pública de derecho privado, donde participará el Estado y los operadores privados del sector logístico.