Un proyecto a vigilar

El Poder Ejecutivo está promoviendo, con una publicidad que debe destacarse, una renovación y reforma de la ley de radiodifusión en el Uruguay. Esa publicidad facilita seguir con la atención que se merece el eventual alcance de las reformas, ya que la materia de que trata es muy importante para la libertad de expresión del pensamiento y teniendo en cuenta que los antecedentes en esa área no son precisamente recomendables.

Es obvia la importancia del tema en un régimen democrático y ocioso insistir sobre su alcance, sin que pueda decirse lo mismo sobre la manera en que el Partido de gobierno lo ha manejado en el pasado. Y ahí se encuentra precisamente uno de los temores sobre cuál puede ser el resultado de este nuevo emprendimiento. En ese sentido no puede olvidarse que cuando las radios ilegales empezaron a proliferar en el territorio nacional, amparadas tras la semántica investidura de "radios comunitarias", al gobierno no se le ocurrió mejor solución -en vez de obligarlas a que cumplieran con la legislación vigente igual que las demás- que la de promover una ley especial para legalizarlas. Para ello contaron con la bendición del Ielsur, el Isode, la APU, Amarc y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, ignorando aquel viejo y sabio principio según el cual, la mona, aunque se vista de seda, sigue siendo una mona.

Con ese antecedente, y sin prejuicios, debe seguirse con atención, el manejo de una temática con respecto a la cual ya se ha adelantado que la diversidad y el pluralismo de los medios requiere un papel protagónico y activo del Estado -¿o del gobierno?- para garantizarlos. Lo que sería inocente en otras manos pero no lo es tanto en manos de un gobierno sectario y dogmático, como ha demostrado serlo el actual, que además se ha caracterizado por invadir, con lentitud pero con tenacidad, la privacidad de los ciudadanos, ya sea a través de una Central de Información de créditos del Banco Central; de proyectos de reforma tributaria o de acciones concretas de la Dirección General Impositiva que se habría largado ante los importadores de automóviles, para averiguar quienes se han comprado autos cero kilómetro o ante las inmobiliarias, para verificar compras o arrendamientos de inmuebles y donde no han quedado al margen ni los modestos porteros de los edificios de Punta del Este, víctimas también de una requisitoria sobre los alquileres del verano.

Con la gran diferencia de que en este caso lo que se está manejando es el otorgamiento de las frecuencias; la determinación de un mínimo de programación local y exigencias de contenidos de programación, reivindicando aquí también la "participación ciudadana"; servir el interés general (¿) contemplar los derechos de niños, adolescentes y personas con capacidad diferente y la facultad de "proponer" producciones de calidad, así como mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para el control de su actuación y donde no está ausente la creación de una Dirección Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual y un Consejo Consultivo.

Tranquiliza un poco el que se haya establecido un Comité Técnico Consultivo para analizar el nuevo texto, donde están representados tanto el sector público como el privado, que ya está funcionando y que entre los papeles de trabajo se esté considerando la reciente ley General de la Comunicación Audiovisual aprobada en España el 31 de marzo pasado -con un sólido Preámbulo, sesenta artículos y numerosos aditivos-, así como el régimen chileno y Directivas de la Unión Europea.

Partiendo del principio según el cual el espectro radioeléctrico es patrimonio de la Humanidad y por lo tanto de todos y de una realidad que no puede ignorar los adelantos tecnológicos, se justifica la disponibilidad de una nueva ley; pero no de cualquiera, siendo de esperar que las soluciones a que se arribe se ajusten a la importancia e independencia del instrumento que se pretende regular.