Los convenios fueron firmados con Portugal en Estoril el 30 de noviembre de 2009 y con España, en Madrid, el 9 de octubre del mismo año.
El senador frenteamplista Caros Baráibar, que presentó ambos proyectos ante la Cámara, dijo a EL PAÍS digital que estos convenios son apoyados dentro de "un lineamiento general de la OCDE, organismo en el cual, a partir de abril del año pasado Uruguay está en una lista gris".
En estos convenios se prevén dos elementos que Baráibar catalogó como "centrales": por un lado evitar la doble imposición entre los Estados firmantes y, por otro lado, preveer la autorización para recibir información de cada uno de los países, acerca de los incumplimientos que haya por parte de los ciudadanos.
Sobre los convenios, Baráibar explicó que "este tema tiene una complejidad técnica bastante importante en cuanto a los impuestos que se contemplan y la forma de llevar adelante la iniciativa".
A su vez, reconoció que estas iniciativas tienen "un protocolo bastante intenso y extenso".
Baráibar también resaltó que no hubo objeciones por parte de la oposición en cuanto a la constitucionalidad de estos convenios. "Nosotros decimos que por razones de interés general se pueden prever normas tributarias y eso siempre estuvo contemplado en las normas de legislación tributaria", sostuvo el legislador.
El senador también reconoció que hay seis convenios firmados, al tiempo que insiste en que Uruguay "no es un paraíso fiscal".
"La inclusión en la lista gris obedece a insinuaciones que se han hecho para que Uruguay fuera incluido en esa lista. Uruguay va a tratar de cumplir con los requerimientos que se le plantean", concluyó.
Ambos proyectos pasaron la Cámara de Representantes para su consideración.