El gobierno está dispuesto a eliminar el plazo para que la Justicia se pronuncie ante un pedido de la Dirección General Impositiva de flexibilización del secreto bancario. El proyecto de ley remitido al Parlamento establece un plazo de 60 días para que la Justicia se expida. La modificación fue sugerida por Alianza Nacional, que está dispuesta a acompañar el proceso.
"El planteo concreto ese nos parece atendible. Si el Parlamento entiende que lo mejora, nosotros somos finalistas, algo que provoque más consenso estamos de acuerdo", dijo ayer el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, tras comparecer en la Comisión de Hacienda del Senado por el texto propuesto. En la reunión hubo fuertes diferencias respecto al proyecto -que grava colocaciones en el exterior- entre los senadores José Amorín (PC) y Luis Heber (PN) por un lado y Lorenzo y sus asesores por otro. Amorín dijo a El País que es un "cambio en las reglas de juego" que atenta "contra la confianza y la previsibilidad sin saber qué se gana". Recordó que en 2006 el MPP quiso introducir cambios y el equipo económico (integrado por Lorenzo) se opuso. Lorenzo dijo que "es lógico" que haya diferencias.
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