La reforma posible

La necesidad de la reforma del Estado es un tema que concita mayorías abrumadoras entre los uruguayos. Prácticamente todos somos conscientes de que hay una inversión desmesurada en sueldos y gastos de funcionamiento del aparato estatal y como contrapartida recibimos un servicio, en general bastante pobre y malo; que encierra groseras iniquidades y donde predomina una concepción corporativista por encima del bienestar de los ciudadanos que son, en definitiva, quienes pagan esos sueldos y gastos.

Pese a la convicción generalizada, muy poco se ha hecho para disminuir ese lastre en la sociedad, reorganizarlo, modernizarlo y transformarlo en algo acorde con las exigencias de un mundo globalizado y cada vez más competitivo. El ex presidente Vázquez habló en su momento de "la madre de todas las reformas", pero quedó sólo en el enunciado del título; el actual Presidente Mujica lo ha situado como una de las mayores prioridades de su gestión y, por lo menos, ha empezado a caminar por ese sendero. Sabemos que no es fácil y que no se pueden esperar grandes resultados (salvo que se operara un milagro, pero aquí entramos en otro terreno) en el corto tiempo, porque va a ser necesario cruzar trincheras, derribar fortines y superar tabúes afincados por largos años, que se han consolidado como un todo inexpugnable.

El Presidente parece consciente de esa realidad. Por algo los objetivos inmediatos no son ampulosos ni amenazan hacer temblar las raíces de los árboles. Hace pocos días, se dieron a conocer unos lineamientos generales ("Los ejes e instrumentos del Fortalecimiento Institucional del Estado") que comienzan por establecer una nueva definición de funcionario público (ahora será "servidor público"), fijan algunas pautas que se irán incorporando en este proceso y limita su puesta en marcha a dos o tres ministerios. Decisión muy acertada para comenzar como también lo fue el austero marco en el que se anunció el programa.

Más allá de que los enunciados son bastante generales y, por tanto, abarcativos, consideramos que en materia de rediseño del estatuto del funcionario público deberán tomarse en cuenta algunas realidades:

-La aceptación de los reclamos salariales no aseguran ningún resultado positivo de gestión. Basta ver los ejemplos de Adeom (Montevideo) y la Enseñanza. La satisfacción de una demanda per se, sólo da lugar a nuevas demandas.

-Hay oficinas donde faltan funcionarios y otras donde sobran. Hay funcionarios que trabajan y otros que se las ingenian para cobrar el sueldo. Hay funcionarios responsables y otros expertos en preparar el café o ir a comprar bizcochos. Total, los ascensos (y mejora de sueldo) son por antigüedad y no por su competencia.

-Sin perjuicio de ello, hay miles que cobran el sueldo sin saber qué están haciendo o qué horario deberían cumplir.

-La pirámide está invertida con respecto a la actividad privada: por ejemplo, el portero de una empresa pública gana tres o cuatro veces más que en una privada, mientras que un funcionario público calificado gana tres o cuatro veces menos que un privado.

-La inequidad y discriminación dentro del mismo Estado: la misma tarea se paga de mil maneras diferentes según el organismo donde se preste. Aquello de "a igual tarea igual remuneración" es la mentira más grande sobre lo que ocurre en el Uruguay. Y ni que decir cuando se comparan actividades. ¿Parece justo que gane más el funcionario público que sirve café en un Ente Autonómo que el funcionario público que se desempeña como policía y que a diario arriesga su vida?

Estas son sólo algunas perlas que hoy presenta el Estado. Se pueden agregar muchísimas más, pero el tema pasa por ir reduciéndolas. Mujica -pragmático y realista- habló de 20 o 30 años. Es posible, no va a ser fácil. Pero todo necesita un comienzo y parece que esta es la hora de empezar a caminar. No importa que los pasos sean cortos si son firmes, porque el asunto es avanzar y no volver atrás apenas se concreten las dificultades que asoman.

El drama sería comprobar que se trata de la reforma imposible.