La voz del pueblo europeo puede ser ley con un millón de firmas

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BRUSELAS | THE NEW YORK TIMES

La Unión Europea se apresta a dar a sus 500 millones de ciudadanos mayor voz y decisión, si pueden juntar un millón de firmas en apoyo de una propuesta de un número "significativo" de países miembros.

Pero, si la voz del pueblo triunfará sobre la burocracia, queda como un interrogante planteado. Nadie sabe a ciencia cierta lo que los ciudadanos de la UE quieren que se introduzca como legislación. La mayoría ni siquiera tiene conocimiento de sus nuevos derechos. Cuando la UE pidió comentarios públicos sobre sus regulaciones propuestas, menos de 180 personas respondieron al llamado.

Sin embargo, los expertos estiman que la UE podría ver en poco tiempo peticiones sobre temas tan variados como la veda a las corridas de toros, al velo islamista y a los alimentos genéticamente modificados, así como prohibiciones a las perforaciones petroleras en el mar y la introducción de nuevos impuestos, terminar el intercambio de información financiera con Estados Unidos y mantener a Turquía fuera de la unión.

Ya surgieron algunas ideas. Por ejemplo, Martin Kasler sostiene que debería existir una ley que prohibiera a los comercios en toda la UE abrir en domingo, como es costumbre desde hace muchos años en su Baviera natal. Ya empezó a juntar firmas en apoyo de su propuesta. Debido a una poco debatida cláusula del Tratado de Lisboa, la UE puede verse obligada en poco tiempo a aprobar legislación en ese sentido.

Muchos confían que la posibilidad de impulsar propuestas para leyes se convierta en un ejercicio de construcción del espíritu de equipo. Esperan que, al tener que juntar firmas a través de las fronteras, los europeos finalmente se conocerán unos a otros, participarán de debates a lo largo del continente y desarrollarán la elusiva "identidad europea".

Otros, en cambio, ven germinar problemas. ¿Qué ocurrirá si la voz del pueblo termina siendo racista o políticamente difícil de manejar o simplemente frívola?

Con la finalidad de mantener las cosas en orden, las autoridades europeas difundieron 16 páginas de normas propuestas para las iniciativas populares, traduciendo el lenguaje vago del Tratado de Liboa en una serie de regulaciones, que los críticos dicen podría estrangular el experimento al nacer.

LÍMITES. Por ejemplo, la comisión plantea que no sea desafiada ninguna parte de un tratado de la UE y que las firmas se junten en por lo menos nueve países en un plazo de un año.

Eso significa excluir uno de los motivos favoritos de la ira ciudadana: el peregrinaje costoso que hace el Parlamento Europeo para sesionar durante una semana de cada mes, en Estrasburgo (Francia). La cuenta se estima en más de US$ 250 millones por año, pero está incluida en el tratado que gobierna la UE como una concesión a los franceses.

"Tememos que sólo las organizaciones grandes y bien financiadas podrán usar la posibilidad de presentar propuestas", indicó Carsten Berg, quien coordina un grupo que hace campaña en favor de que los ciudadanos tengan la iniciativa.

Marcos Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea responsable del tema, dijo que la UE busca el equilibrio debido en sus regulaciones. No quiere excederse con normas demasiado estrictas, aunque también cree que es importante frenar campañas o ideas abusivas que sean "frívolas o carentes de seriedad".

Según las normas plantedas, los organizadores deberán comenzar el proceso registrando su petición. Después, deberán reunir un número determinado de firmas antes de que la comisión decida si el planteo encuadra dentro de los alcances de lo permitido. La idea inicial fue que se necesitraían 300.000 firmas. La última propuesta redujo la cifra en dos tercios.

En algunos países, quienes firmen deberían indicar su número de pasaporte o de documento de identidad nacional para impedir el fraude, aunque ello ha suscitado objeciones, debido a que significaría dar la información a una persona desconocida que junta firmas en una esquina.

El paso final es reunir un millón de firmas. En esa instancia, la comisión estaría obligada, en un plazo de cuatro meses, a proponer una ley o exponer los motivos por los que no recoge la propuesta ciudadana.

Alain Lamassoure, uno de los miembros franceses del Parlamento Europeo, quien luchó para que se incluyera el artículo que habilita la iniciativa popular, en el Tratado de Lisboa, admite que se necesitará afinar los alcances de la norma, pero cree que los ciudadanos pueden hacer importantes aportes legislativos en áreas que son ignoradas, como es el caso de las complicaciones que enfrentan matrimonios de diferentes países europeos cuando presentan una solicitud de divorcio en la Unión Europea, o dificultades para la transferencia de documentos educativos. Sin embargo, Lamassoure no quiere que la ciudadanía haga planteos con excesiva frecuencia. "Una vez al mes está bien", indicó. "El riesgo es tener muy poco o demasiado. Una vez cada dos años, sería poco".

Algunos, en cambio, reaccionan con asombro ante esa postura. Tony Venable, director del Servicio de Acción Ciudadana Europea,

consideró que se actúa con "un temor exgaerado por las características frívolas o extremistas que pueden surgir de la iniciativa ciudadano y por cierta falta de confianza. Venables quiere que se establezca una oficina que asesore a los ciudadanos respecto de cómo encontrar aliados en diferentes países y redactar una petición que sea legalmente aceptable. Asimismo, plantea que el plazo para juntar las firmas se amplíe de 12 a 18 meses.

500 Son los millones de ciudadanos de los 27 países que integran la UE. Malta es el de menor población con 400.000 habitantes.

9,6% Es la tasa de desempleo en UE según las últimas cifras oficiales. Austria tiene el menor desempleo (4%) y España el mayor (19,9%).