La costosa lista gris

El 15 de julio resumimos la exposición del ministro de Economía en la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, en la que trató el punto de nuestras azarosas relaciones con OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) de lo que se habla mucho y se sabe poco.

OCDE es sucesora de la OECE (resultado del Plan Marshall y de la Conferencia de los Dieciséis) que existió entre 1948 y 1960 para garantizar la puesta en marcha del programa de recuperación y supervisar la distribución de la ayuda. Nació en París en 1960, con la adhesión de 20 países. Tiene su sede en Château de la Muette y su objetivo es el intercambio, información y armonización de políticas con el objetivo de estimular el crecimiento económico de los países miembros y ayudar al desarrollo de los no miembros. Pretende agrupar los países más avanzados y desarrollados del planeta, y se le reconoce como "el club de los países ricos". Hoy la integran 31 Estados que proporcionan al mundo el 70% del mercado universal y representan el 80% del PNB , también mundial. Se requiere para integrarla ir liberalizando progresivamente los movimientos de capitales y servicios con el compromiso de no discriminación, trato nacional, y equivalente. Procura contribuir a la expansión económica de los países miembros y no miembros en vía de desarrollo, favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales, y realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y progreso en el nivel de vida del mundo.

El último Estado en ingresar como miembro fue Chile bajo el gobierno de Bachelet. Brasil y Argentina, junto con Perú, China, Israel y otros, están en el grupo de países con economías emergentes y trabajan en el Comité de Inversiones.

Uruguay fue acusado infamemente en la OCDE de ser un paraíso fiscal -para qué recordar quién fue el acusador- por su legislación sobre secreto bancario. No sabemos si bien defendido en donde se necesitaba energía y fuerte solvencia técnica, pudo zafar -a gatas y por eso nuestra duda- de la lista negra en que lo habían incluido, demostrando que las normas legales que regulan la materia de ninguna manera impiden dar información reservada, a solicitud fundada de la Justicia penal, se tenga o no tratado con el país al que pertenece el órgano judicial requirente. Basta con un exhorto librado de acuerdo a derecho a nuestra Justicia para que ésta, cumpliendo su deber de cooperación internacional, ordene el levantamiento del secreto.

Conseguido el ascenso -por decirlo de algún modo- de la lista negra a la lista gris de la OCDE, Uruguay ahora está comprometido a firmar tratados con doce países para evitar la doble tributación. Entonces saldría de la lista ratón. Entretanto, quedamos ahí.

El ministro Lorenzo en la ocasión mencionada al principio, se refirió a la OCDE como "un club del que no formamos parte, pero que nos dice las reglas de la membresía". No le gusta que desde afuera nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero cuando se le observó que aunque no nos gusten las reglas las cumplimos igual, invocó "razones de estrategia". Porque - advirtió- los países miembros de la OCDE podrían castigarnos desestimulando a sus inversores a radicar dinero aquí, aumentándoles los impuestos. Entonces, la "estrategia" en la que piensa, es gravar a las inversiones de uruguayos en el exterior, y legalizar el levantamiento del secreto bancario por disposición de nuestra Justicia a solicitud de la DGI, sólo con fines de fiscalización.

En síntesis al ministro no le gusta que le dicten normas, pero no sólo las cumple, sino que lo hace al precio de sacrificar el derecho a la intimidad del cliente de un banco, quebrando la tradición nacional de gravar la renta territorial, y confesando, en resumen, que la "estrategia" negociadora es, en definitiva, la de arriar las banderas de la soberanía del país.

En estas manos estamos.