PHOENIX | AFP Y AP
Una jueza federal escuchó a partidarios y oponentes de la controvertida ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en Arizona. Entre los querellantes está el gobierno de EE.UU., que quiere evitar que el próximo jueves entre en vigor.
Si nada cambia, dentro de seis días entrará en vigencia en Estados Unidos una ley que divide a la opinión pública y que no cuenta con el aval del propio gobierno. Pero antes que esto suceda, la jueza federal Susan Bolton presidió ayer una audiencia que se centró en una de las siete demandas interpuestas contra Arizona por la ley SB 1070, que fija nuevos delitos vinculados a los indocumentados y el requisito de que los inmigrantes lleven y presenten sus documentos migratorios.
Durante la audiencia, el abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Omar Jadwat, argumentó que las disposiciones de la ley deben trabajar conjuntamente para concretar el objetivo de incitar a los inmigrantes indocumentados a irse del estado, y la calificó de inconstitucional y peligrosa.
Por el otro lado, el abogado John Bouma, que representa a la gobernadora de Arizona Jan Brewer, dijo a la jueza que quienes objetan la ley no han demostrado que nadie sufriría perjuicios reales si ésta entra en vigor y exigió que se demuestren hechos y no conjeturas.
Además de la polémica regulación que exige a los inmigrantes portar sus documentos, la norma establece nuevas disposiciones sobre detenciones y arrestos, precisiones sobre la incautación de vehículos y sanciones al empleo de indocumentados.
En la demanda presentada por el Departamento de Justicia, la Casa Blanca argumentó que los asuntos de inmigración son de competencia exclusiva del gobierno federal y que las legislaciones locales no pueden tener prevalencia sobre los códigos federales o la Constitución nacional.
El abogado de la policía de origen latino Salgado, Stephen G. Montoya, alegó que los oficiales en Phoenix y otras áreas del estado tendrán dificultades para interpretar la ley, que además -dijo- otorga a Arizona un poder que es una prerrogativa del estado federal, con las leyes de inmigración ya vigentes en todo el país.
"Nunca hemos tenido 50 leyes de inmigración", dijo Montoya, que pidió que la jueza Bolton prohíba la puesta en vigor de esta regulación en Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero y cerca de 460.000 indocumentados.
Mientras esto sucedía en el palacio de justicia "Sandra Day O`Connor", en el centro de Phoenix, afuera había decenas de manifestantes que alzaban pancartas y banderas estadounidenses en contra de la nueva norma.
Los activistas anunciaron que si la ley entra en vigor el próximo jueves realizarán una serie de manifestaciones y anunciaron que estas protestas incluirán actos de desobediencia civil.
La semana pasada la jueza Bolton realizó una audiencia preliminar en la que los abogados que representan a la gobernadora de Arizona pidieron el abandono de las demandas, mientras la defensa del policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, peleó por la suspensión de la ley SB 1070.
En Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados y se calcula que dos tercios de ellos son de origen latinoamericano.
La cifra
460 mil Son los inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en Arizona. En ese estado viven dos millones de hispanos.
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